El grupo de origen español Keralty aseguró este viernes que recibirá en una situación “calamitosa” a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, luego de que la Corte Constitucional dejara el pasado jueves sin efecto la intervención hecha por el Gobierno, que tiene bajo su control la compañía desde abril de 2024.
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“Tenemos el compromiso inquebrantable de tratar de salir adelante, a pesar de la situación calamitosa en la que el Gobierno nos la tiene que devolver como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional”, afirmó el abogado de Keralty, Juan David Riveros, en una rueda de prensa en el norte de Bogotá.
El alto tribunal dejó sin efecto la decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud) que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre Sanitas.
Cronología
La Supersalud había prorrogado en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS Sanitas debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados.
En esa ocasión la entidad gubernamental dijo que en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados, “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.
La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.
Lo que sigue
Sobre la decisión de la Corte, el abogado de Keralty se mostró optimista porque considera que en Colombia las instituciones “funcionan y dan respuestas a situaciones que son ilegales y afectan a los particulares”.
Sin embargo, Riveros manifestó que “es un día de una profunda tristeza y reflexión porque lo que queda claro es que la estrategia que desplegó el Gobierno nacional con la intervención de Sanitas y las otras EPS fue para debilitar el sistema de salud, dirigida a generar un caos que afectó a millones”.
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“Hacia adelante hay un camino enorme por recorrer porque definitivamente los problemas que enfrenta el sistema de salud no se resuelven con la decisión de la Corte. No es un final, es un inicio. La falta de compromiso por parte de diversas autoridades del Estado colombiano han llevado a deteriorar el estado de asfixia financiera de las EPS, que es donde gravita el gran problema del sistema de salud”, afirmó Riveros.
Finalmente, explicó el abogado de Keralty que tras las notificaciones y los trámites de la Corte Constitucional, esperan que puedan retomar el control de la EPS en unos 15 días.
El deterioro del servicio
Insistió el legista en que “se ha generado un desastre en la intervención de Sanitas y hay que implementar un plan de choque para recomponer la operatividad de la EPS privilegiando a los pacientes y colaboradores, a nuestra red de prestadores y proveedores, pero pidiéndoles a todos un compromiso de acompañarnos y tener paciencia por lo que ha sido un acto arbitrario e ilegal contra nosotros”.
“Hacia adelante vamos a seguir participando en el sistema de salud de manera propositiva, tratando de explicar cuáles son los principios que no se pueden ceder en el marco del sistema de salud para robustecerlo, para tratar de solventar el daño que este gobierno le ha generado”, añadió Riveros este viernes.
Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.
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El Gobierno, que intentó sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios.
Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringen los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.
Y concluyó que en la EPS “tenemos el trabajo de identificar cuál es el estado en este momento de la información financiera, porque no la conocemos, entendemos que los niveles de quejas y tutelas son muy elevados y eso muestra la afectación de la EPS y los usuarios”.
La pelea jurídica
El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a “instancias internacionales” para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios de salud en el país.
Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general”.
Reiteró en este sentido el apoderado que lo que pasó con la Corte Constitucional “demuestra que cuando se tiene confianza y no cedemos los principios corporativos de un grupo como este, cuando se es valiente y se acude a los cauces del ordenamiento jurídico colombiano, las decisiones son justas”.
Anunció además que Keralty y Sanitas no buscarán venganza, “pero sí esperamos que se asignen las responsabilidades individuales de lo que ha ocurrido”.
“Somos conscientes de que el sistema de salud puede perfeccionarse y lo que intentó el Gobierno fue tratar de silenciarnos y hoy hemos recuperado esa voz”, dijo.
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Tras la intervención a Sanitas, afiliados han denunciado un deterioro en la atención y la prestación de los servicios. Datos revelados por una fuente consultada por el diario El Tiempo indicaron que la EPS llegó a tener entre 22 mil y 23 mil quejas de los afiliados cada mes, desde que se efectuó la intervención.
Por su parte, la Superintencia de Salud aseveró en noviembre pasado en un reporte que en las nueve EPS intervenidas por el Gobierno las quejas habían bajado un 10 % con respecto al año anterior.
Precedente clave
Desde el sector salud, varios de sus representantes coincidieron en que el fallo de la Corte sienta un precedente clave para otras intervenciones y eventuales medidas similares.
El ex viceministro de Salud Carlos Mario Ramírez manifestó en las redes sociales: “Satisfacen sentencias y fallos de la Corte Constitucional (...): la de la EPS Sanitas porque la Superintendencia de Salud actuó como dicen flash. Precedente muy valioso. Los riesgos del que firma, graves”.
Y la enfermera Yelena Gallardo comentó que “la Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención del Gobierno nacional a la EPS Sanitas y anuló la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios. Un fallo clave que marca un precedente institucional en el manejo del sistema de salud”.
El fallo de la Corte
En su decisión, la Corte dejó sin efecto dos resoluciones de la Supersalud. Una emitida el 2 de abril de 2024, en la que “ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año, así como la intervención forzosa para ejercer la administración de dicha EPS”.
La segunda, una resolución de abril de este año, “mediante la cual se prorrogó dicha medida de intervención por un año”.
La decisión de la Corte responde a una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por la Clínica Colsanitas S.A. y otros contra la Superintendencia Nacional de Salud.
Ante las dificultades para llegar a una “resolución amistosa” de la disputa, el grupo empresarial —que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas— llevó el caso a la esfera internacional.
Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia.
Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.
