El presidente Iván Duque busca por todos los medios, a pocas horas del paro nacional, desligarse de propuestas polémicas de su partido, el Centro Democrático, y hasta de sus propios ministros, como el de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para intentar desvirtuar las razones que impulsan las marchas que emprenderán este jueves trabajadores, gremios, educadores, estudiantes, políticos, artistas y hasta reinas de belleza.
Este martes se notaron particularmente intensos dos enfrentamientos entre las fuerzas que rodean al jefe de Estado.
La ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo en ‘Blu Radio’ que Duque no está de acuerdo con la propuesta de acabar con el régimen de prima media para pensiones: 'El presidente no está de acuerdo con la propuesta del ministro Carrasquilla de que los colombianos se pensionen solamente con base en lo que ahorran', señaló.
A su vez, la senadora María Fernanda Cabal, una de las más polémicas del Centro Democrático, respondió a ‘Semana’ que 'uno tiene que leer las realidades' del Gobierno, así haga parte de su partido: 'Y la realidad que uno lee es un resultado electoral, y aquí no se puede eximir al Gobierno de responsabilidades de resultados electorales'. Por ello pidió a la Casa de Nariño mirar a 'las bases uribistas' y despedirse de elementos 'santistas y petristas' que persisten en el Ejecutivo.
Desde el Gobierno, con incluso un nuevo programa televisivo ‘Conéctate con Duque’ y un Facebook Live, que se empezaron a transmitir desde el pasado fin de semana, se han concentrado en tratar de desmentir las que han denominado como 'noticias falsas' y que advierten que se está pensando en acabar Colpensiones, aumentar la edad de pensión, disminuir el salario mínimo, tumbar las horas extras, decretar más impuestos para la clase media y privatizar Ecopetrol o ISA.
También el Ejecutivo intenta responder a las otras razones invocadas por los manifestantes: la defensa de la protesta social, el incumplimiento de los acuerdos con el sector educación y con el proceso de paz, así como los crímenes contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, la corrupción en las universidades y el reclutamiento y la muerte de menores en los grupos criminales y armados ilegales.