Después de más de dos décadas de encarcelamiento por un delito que no cometió, la hondureña Carmen Mejía finalmente recuperó su libertad en Texas, Estados Unidos. Su caso se convirtió en un símbolo de los errores del sistema judicial y de la lucha por demostrar la inocencia tras años de prisión.
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Asimismo, la migrante permaneció 22 años tras las rejas por la muerte de un bebé de 10 meses ocurrida en 2003, un hecho que en su momento fue catalogado por la fiscalía como asesinato. Sin embargo, con el paso del tiempo y la revisión del caso, la historia tomó otro rumbo.
El lunes pasado, un tribunal determinó su inocencia y la mujer logró evitar además un proceso migratorio que podría haber terminado en su deportación, lo que habría significado una nueva separación de su familia.
Por otro lado, la abogada de Mejía, Vanessa Potkin, integrante de la organización Innocence Project, confirmó que la mujer salió de prisión en la madrugada de este miércoles.
Asimismo, el caso dio un giro a finales de enero, cuando una corte de apelaciones concluyó que la muerte del menor que ella cuidaba fue producto de un accidente doméstico y no de un homicidio intencional, como se había sostenido durante el juicio inicial.
De acuerdo con los análisis más recientes, las quemaduras que provocaron el fallecimiento del bebé se habrían originado por agua caliente causada por un calentador defectuoso, descartando así cualquier acción deliberada por parte de Mejía.
Por otro lado, a pesar de que fue exonerada, el futuro de la hondureña no estaba completamente asegurado. Debido a su condición migratoria, existía el riesgo de que fuera retenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la regla de las 48 horas.
“Sería la máxima injusticia que, después de demostrar su inocencia, sea trasladada a otra forma de encarcelamiento”, expresó la abogada Potkin.
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Además, Mejía llegó a Estados Unidos en 1995 huyendo de la violencia y la pobreza en su país. En ese momento contaba con un Estatus de Protección Temporal (TPS), vigente cuando fue arrestada hace 23 años.
Finalmente, para la hondureña, el fallo judicial no solo significó el fin de su condena en el condado de Travis, sino también la posibilidad de reconstruir su vida y reencontrarse con sus hijos tras más de 20 años marcados por un error judicial.
