Este martes se cumple un mes desde que las fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Caracas que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de narcoterrorismo y conspiración transnacional. Desde entonces, Venezuela vive un periodo de cambios acelerados, incertidumbre y tensiones internas y externas. Lea también: Ministerio de Minas y Energía descarta la posibilidad de un apagón en el Caribe La incursión, bautizada por Washington como ‘Operación Determinación Absoluta’, incluyó bombardeos en puntos estratégicos de la capital y la detención de Maduro en territorio venezolano el 3 de enero, tras años de tensiones acumuladas entre Caracas y Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, trasladó a Maduro a Nueva York, donde enfrenta procesos judiciales federales. A inicios de la semana pasada, el Gobierno de EE. UU. anunció decisiones clave para normalizar relaciones y reconstruir la economía venezolana, incluyendo la reapertura inmediata del espacio aéreo comercial sobre el país, interrumpido desde el inicio de la crisis diplomática hace años. Sin embargo, estas medidas se producen en un país donde aún no existe un consenso claro sobre el futuro político ni un fin definitivo del conflicto entre las distintas fuerzas venezolanas. En ausencia de Maduro, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, asumió el poder como presidenta interina. Su ascenso se ha consolidado mediante una serie de movimientos estratégicos que buscan fortalecer su control sobre el Estado y las Fuerzas Armadas. Poco después de la captura, Rodríguez realizó cambios significativos en la cúpula militar y en cargos clave del gobierno, reemplazando altos mandos y consolidando a aliados en posiciones estratégicas, tanto en el ámbito civil como en el militar. Lea también: Petro pide a Noboa que establezcan un diálogo sobre la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Ecuador Estos ajustes han sido interpretados por analistas como intentos de prevenir fracturas internas y asegurar el respaldo del estamento castrense en un momento crítico. Rodríguez ha afirmado mantener el control político del país y ha adoptado un discurso de autonomía política, aunque con un enfoque pragmático hacia la cooperación con Estados Unidos. La presidenta interina ha liderado iniciativas legislativas de gran calado, sobre todo en el sector energético. El Parlamento venezolano aprobó una reforma profunda a la legislación petrolera, abriendo oportunidades para capital privado y flexibilizando normativas de inversión. Empresas internacionales —especialmente estadounidenses— ven este cambio como una posibilidad de retorno al mercado venezolano, clave para la recuperación económica tras años de caída productiva. No obstante, estas reformas no están exentas de críticas: sectores opositores y observadores independientes alertan sobre la falta de mecanismos de transparencia y de controles contra la corrupción, en un contexto donde el desmontaje del modelo estatista tradicional representa tanto una oportunidad como un riesgo para la soberanía económica del país. Por ejemplo, esta semana, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez, para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EE. UU., que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington. El cuerpo de la reforma, conformado por 34 artículos, se amplió tras unas consultas en las que participaron trabajadores del sector y representantes de petroleras como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, ante quienes Rodríguez prometió que la reforma permitirá convertir a Venezuela en un “gigante productor”. Lea también: Petro anunció recorte presupuestal de $16 billones tras suspensión de decreto de emergencia económica La reforma modifica la ley promulgada originalmente en 2001 y sometida en 2006 a una modificación promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera. Tras los cambios aprobados, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento). En el plano social, las reacciones dentro de Venezuela muestran una mezcla de esperanza, cautela y temor. Según encuestas recientes, una amplia mayoría de la población considera positiva la captura de Maduro, pero al mismo tiempo una porción significativa —más de la mitad— afirma sentir temor a una posible represión o a un recrudecimiento del control político. Mientras tanto, la vida cotidiana en Caracas y otras ciudades parece moverse hacia una llamada “normalidad forzada”: tiendas y mercados operan con relativa normalidad, la provisión de gasolina y suministros básicos se ha regularizado y la vida social muestra signos de rutina, aunque bajo estricta vigilancia de fuerzas de seguridad. La comunidad venezolana en el exterior —particularmente en países de América, Europa y el Caribe— vivió intensas celebraciones tras el anuncio de la captura, marcadas por emoción, llanto y banderas tricolores que reclamaban un futuro más libre. Lea también: Luis Carlos Reyes revela chat con el presidente Petro: hablan sobre exportación de carbón a Israel Sin embargo, no todos comparten esta alegría. Sectores afines al chavismo han protagonizado protestas en Caracas exigiendo pruebas de vida de Maduro y su regreso inmediato, denunciando la intervención extranjera como una violación de la soberanía nacional. En ese sentido, las protestas y manifestaciones siguen siendo un elemento constante de la vida política venezolana. Además, el miedo a que grupos armados como el ELN intensifiquen acciones en la frontera con Colombia ha generado preocupación en países vecinos, que han reforzado medidas de vigilancia ante posibles represalias o escaladas de violencia. Rodríguez propuso esta semana una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política en el vecino país. Encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) , así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para su aprobación. “Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió. La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.