Venezuela advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.
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En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales, abrió su intervención alertando del despliegue “sin precedentes” que busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país.
“Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, señaló, comparando después las consecuencias de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la CPI con los efectos de las medidas impuestas contra Caracas.
El diplomático centró parte de su intervención en la situación en Palestina y aseguró que existe una “deuda moral, jurídica y humana” acumulada durante décadas hacia el pueblo palestino, y exigió que la CPI “mire de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad que están destruyendo la credibilidad del sistema internacional de justicia”.
El representante venezolano señaló además que la CPI opera bajo “un clima de intimidación sin precedentes”, producto de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas contra la Fiscalía y los jueces para frenar sus investigaciones. Estados Unidos emitió este año varias sanciones contra nueve funcionarios de la CPI en represalia por las ordenes de arresto emitidas por la situación en Palestina, lo que afecta también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En este sentido, Constant aseguró que Venezuela “sabe lo que significa” el uso de sanciones como “instrumento de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población” y pidió a la Corte que determine el “carácter punible” de esas medidas y no permita “que sus decisiones se condicionen por represalias externas”.
“Ocho décadas después de los juicios de Núremberg, la humanidad vuelve a encontrarse ante un momento que pone a prueba la credibilidad del Derecho Penal Internacional”, sostuvo, recordando que, en 1945, el mundo reconoció que los crímenes más graves no podían quedar subordinados a “equilibrios geopolíticos” ni a “conveniencias diplomáticas”, un principio que, dijo, “hoy se ve amenazado” por el retorno “a la coerción y la intimidación”.
Constant también reiteró que su país, como “Estado soberano”, tiene derecho a conducir sus propios procesos penales “sin injerencias externas”, en una crítica a las investigaciones que está llevando la propia CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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Asimismo, criticó la decisión anunciada ayer de cerrar la oficina de la Fiscalía en Caracas, asegurando que ello no alterará “el espíritu de cooperación” del Gobierno. “La Corte debe dejar de permitir que la justicia se convierta en un arma de dominación selectiva, manteniendo un doble rasero que es intolerable, sirve a los poderosos y castiga a los que luchan por su soberanía, libertad e independencia”, afirmó.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
