Como una amenaza a su soberanía ha visto el gobierno de Venezuela el envío de barcos de guerra de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, aunque de momento no ha habido ningún de agresión por parte de alguno de los dos ejércitos.
Pero Washington no se ha guardado cuando se trata de dar ultimátum al régimen chavista comandado por Nicolás Maduro, así lo dejó ver Karoline Leavitt, vocera de La Casa Blanca en la más reciente rueda de prensa.
“No me adelantaré al presidente sobre acciones de los militares nunca, lo que sí puedo decir es que el presidente está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, subrayó Leavitt.
Asimismo, enfatizó que “el régimen de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel de terror narco. Él es un jefe fugitivo de este cartel de drogas“.
La respuesta de Caracas ha sido el alistamiento de milicianos que comenzó el pasado fin de semana ante las “amenazas” y “agresiones” de Estados Unidos y para ello habrá “más de 1.000 puntos”, según dijo este jueves el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
En este sentido, el jefe de la cartera venezolana de Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 de línea fronteriza con Colombia.
Padrino señaló que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional “de desarrollo y paz” entre Colombia y Venezuela.
El martes, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra”.
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Esto, según Venezuela, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, así como una violación del Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.
Antes del despliegue militar, la Administración de Donald Trump había duplicado a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.