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Después de más de cuatro meses de intenso trabajo, el Consejo Constitucional de Chile ha dado luz verde a una nueva propuesta de Constitución que será sometida a un plebiscito el próximo 17 de diciembre. Este proceso ha estado marcado por la polarización política y la falta de un consenso sólido entre las fuerzas en juego, lo que arroja incertidumbre sobre el futuro de Chile y su marco constitucional.

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El Consejo Constitucional, compuesto mayoritariamente por miembros de tendencia conservadora, ha liderado este proceso, aprobando la propuesta con 33 votos a favor, en su mayoría provenientes de las derechas, y 17 en contra, representando a la izquierda. Esta mayoría de derecha en el consejo ha sido un punto clave en la aprobación del texto y explica la falta de consenso político en esta etapa crucial.

Esta nueva propuesta de Constitución será entregada al presidente Gabriel Boric el 7 de noviembre, quien tendrá la responsabilidad de convocar al plebiscito, que será de carácter obligatorio para la ciudadanía.

Este proceso constitucional marca el segundo intento en tan solo cuatro años de Chile por reemplazar su actual Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 y, desde entonces, ha sido alterada en al menos 60 ocasiones. En 2005, durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, se realizaron modificaciones significativas a dicho documento, por lo que el texto vigente lleva la firma del expresidente que gobernó Chile entre 2000 y 2006. Sin embargo, la necesidad de una nueva Constitución se ha mantenido en el centro del debate político y social en el país.

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El proceso actual se puso en marcha en noviembre de 2022, tras el fracaso del intento anterior. Esta vez, el proceso comenzó con un texto acordado por una Comisión Experta que incluía a diversos sectores con representación en el Congreso. Sin embargo, el Consejo de 50 miembros realizó cambios sustanciales, reflejando la mayoría conservadora, lo que generó controversia y desacuerdo.

Un aspecto preocupante de este proceso es la falta de interés de la ciudadanía, que se ha reflejado en las encuestas. Más del 50% de los chilenos han expresado su inclinación a votar en contra de la nueva Constitución, incluso sin conocer los detalles de la propuesta. El último sondeo de la encuestadora Cadem muestra un 34% de apoyo a la nueva Constitución, pero un 51% en contra.

Además, este segundo intento ha estado plagado de acusaciones de falta de diálogo y acuerdos entre la oposición y el oficialismo. Las diferencias ideológicas han sido evidentes durante meses, y las deliberaciones se han mantenido divididas en temas clave.

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La nueva propuesta de Constitución ha sido fuertemente criticada por la izquierda, que la ha calificado como identitaria y dogmática. Un aspecto notable es que algunos miembros del oficialismo de Boric han manifestado su intención de votar en contra del texto en el próximo plebiscito, lo que indica la falta de unidad en el proceso.

El Partido Republicano, que inicialmente no estaba a favor de cambiar la Constitución, comenzó a proponer enmiendas, muchas de ellas con tintes conservadores, que fueron aprobadas con el respaldo de la derecha tradicional. Esto generó incertidumbre sobre la postura final del partido, hasta que su líder, José Antonio Kast, anunció su apoyo a la nueva Constitución.

Este proceso ha planteado un gran dilema para las izquierdas chilenas, ya que rechazar la propuesta significa, en cierta medida, respaldar la Carta Magna actual, que se originó en la dictadura de Pinochet. Entre los principales puntos de crítica de la izquierda se encuentran la preservación del Estado subsidiario, que otorga un papel importante a los privados en la provisión de derechos sociales, y la protección de la vida del que está por nacer, que podría entrar en conflicto con la ley del aborto.

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El Gobierno de Boric ha mantenido una posición de neutralidad durante el proceso, pero algunos miembros de su administración han expresado la necesidad de un mayor esfuerzo para lograr un consenso sustantivo.

En resumidas cuentas, el proceso de aprobación de la nueva Constitución en Chile ha estado marcado por la polarización política, la falta de consenso y la incertidumbre sobre su resultado. Esta decisión tendrá un impacto significativo en el futuro político y social del país, y la ciudadanía chilena se enfrenta a un dilema complejo al decidir su apoyo o rechazo en el plebiscito.