El drama que viven las trabajadoras sexuales por el coronavirus
Según el Sindicato que las agremia en Colombia, en Barranquilla hay alrededor de 450 mujeres ejerciendo la prostitución. Camila Guerra cuenta cómo sus ingresos económicos quedaron paralizados por la cuarentena nacional.
Hace tres semanas Camila Guerra Acosta se dio cuenta de que los clientes con que se topaba en las calles y en las páginas webs empezaron a escasear. No encontró a casi nadie transitando por las vías públicas donde hasta hace poco trabajaba por las noches, en la calle 70 y la 80, en el norte de la ciudad y los establecimientos nocturnos de los alrededores.
“Ni las webcams, ni los sugar daddys, ni los altos empresarios están pensando ahora en sexo”, dice Guerra desde su casa en el barrio Los Olivos, con un tono de voz pausado que a veces comunica preocupación.
La conversación es telefónica; no podía ser de otra manera en medio de las medidas de aislamiento obligatorias expedidas por el Decreto 457 del Gobierno nacional. Camila dice que ya ha rechazado varios servicios: “Yo tampoco estoy pensando en satisfacer la necesidad de nadie porque hay un problema público que es la salud”.
En su casa vive con su madre, dos abuelos y un hermano pequeño. Con 23 años, es la encargada de pagar las dos facturas que llegan a su casa: la del agua y el gas. Sus ganancias son la única fuente de ingreso estable para la familia. El aislamiento obligatorio, la pandemia y el temor al contagio la han dejado –igual que a muchas trabajadoras sexuales de Barranquilla y el mundo– sin actividad laboral. “Esto cayó de un momento a otro”, dice, “fue algo imprevisto”.
Aunque en Colombia la cuarentena obligatoria empezó a regir a las cero horas del pasado 25 de marzo, Guerra dejó de atender clientes con una semana de anticipación. Por prevención, canceló “dos servicios” antes del aislamiento decretado el 20 de marzo por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; y hace una semana, el primer día de la cuarentena, descartó otro. “Ahora mismo no me interesa que me ofrezcan tantos millones”, explica. “Una ayuda humanitaria sí, porque no tengo ahorros, no tengo nada. Tenía cuatrocientos y pico mil de pesos y eso ya se fue”.
Camila, mujer transexual, lleva tres años ejerciendo la prostitución. Cuenta que “cuando era chico” estudió en una universidad, que decidió abandonar por las frecuentes burlas y actos discriminatorios en su contra, y porque algunas personas insistían en llamarla por el nombre jurídico. “Fue mucho el peso de la sociedad”, dice. “Aunque la gente te diga ‘no les pares bolas’, eso es mentira. Afecta”.
Un día se dio cuenta de que tenía dos alternativas. “En Colombia una mujer trans, por la estigmatización tiene que elegir entre ser peluquera o prostituta. A mí no me gusta ser peluquera y me tocó ser lo segundo”, dice. A Camila le gustaría estudiar idiomas y ser traductora.
Emergencia
Como lo indica la sentencia T-629 de 2010, en Colombia la prostitución no es ilegal ni está penalizada. Sin embargo, como explica Fernando Borda, abogado en derecho administrativo, “lo que existe es una regulación de corte policial, más no una ley que regule esta actividad y que comprenda salud, seguridad social y protección”.
“Hay un vacío jurídico y eso es un grave problema por ser un tema tabú en Colombia”, añade Borda. “El congreso está en mora de hacerlo, para dejar claro el trabajo sexual consentido y la trata de blancas. Eso hay que hacerlo para poder protegerlas [a las prostitutas] en un verdadero Estado Social de Derecho”.
De acuerdo con Fidelia Suárez, presidenta de Sintrasexco –primer sindicato de trabajadoras sexuales del país fundado en 2015–, en Barranquilla hay alrededor de 400 o 450 trabajadoras sexuales, incluyendo a mujeres trans y población migrante venezolana.
Tatiana Herrera, líder para dicho Sindicato de las trabajadoras sexuales del Atlántico, tiene a su cargo alrededor de 30 trabajadoras sexuales cuya edad oscila entre los 20 y 40 años, y que trabajan en la carrera 38 con 39. Con la emergencia por la cuarentena, algunas tuvieron que irse a vivir a los barrios con otras personas, sin plata. Otras se quedaron en habitaciones alquiladas en hoteles del Centro.
A los dueños de los inmuebles les dijeron que no podían echarlas hasta que se restableciera la situación. “No las pueden sacar. Ellas pagaban cuando estaban bien. Ahora vino el virus, tienen que esperar hasta que esto se solucione”, dice Herrera.
Antes del coronavirus, las trabajadoras sexuales ya vivían una situación que las hacía altamente vulnerables. En sus espacios de trabajo, como explica Herrera, “las quitan, no las quieren dejar trabajar, les dicen que por qué están ahí, las tratan de rateras”.
Además, algunas tienen hijos bebés o, como Camila Guerra Acosta, una casa y personas que mantener.
Espera de mercados
En el día Camila trabajaba con una conexión wifi desde casa; por las noches salía en taxi y, a eso de las 8:00 o 9:00 p.m., llegaba a las calles o rondaba por los estaderos en busca de potenciales clientes, en su mayoría empresarios y “gente pudiente”, “de altos recursos”. En una misma noche llegaba a atender a cuatro o cinco personas, con quienes tenía los encuentros en hoteles, moteles o en sus mismas casas o apartamentos. A veces, la jornada se extendía hasta las 5:00 a.m.
Todo esto cambió con la COVID-19.
Hoy, entre amigas y colegas manifiestan que no tienen cómo sacar para el sustento diario, por lo que se han procurado ayudas mutuas. Guerra Acosta dice que en los últimos días ha comido bien “pero no es igual que antes, ya se siente la escasez”.
El dinero que le quedaba se lo gastó en servicios. La emergencia la instala en una situación para ella incómoda: no está acostumbrada a recibir ayuda del Estado. “Me da un poco de...”, dice y calla. “Uno la pide porque realmente la necesita”.
Antes de recibir la llamada para esta entrevista, Camila estaba esperando la de Shadya Marcela Ariza, vocera trans del departamento en temas de prostitución. Ariza representa a unas 30 trabajadoras sexuales (entre los 20 y 40 años), de las que dice: “No tienen una solvencia económica diaria, viven del día a día. Muchas, además, trabajan para las familias o están solas”.
La vocera trans planea organizar rutas de salud con ellas, además de exigir soluciones a problemáticas de inseguridad y discriminación que han venido sufriendo en las zonas donde trabajan, en los barrios San Luis, La Sierrita y en La Cordialidad.
Debido a su vocería y la gestión de la Mesa LGBTI de Barranquilla y la Secretaria Distrital de la Mujer, ya se pasó un listado para que los miembros más afectados de la comunidad en la ciudad reciban parte de los mercados destinados a población vulnerable para enfrentar la cuarentena. Ariza asegura que “en estos días” se deben concretar esas ayudas.
