La denuncia contra el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, por parte de su expareja Daniela Cortés, avivó un debate sobre la violencia machista a la que podrían estar sometidas las mujeres durante el confinamiento.
La emergencia sanitaria propicia que mujeres que sufren violencia queden a merced de sus maltratadores, lo que acrecienta este problema de salud pública que es la violencia intrafamiliar, en especial, en razón de género.
La acusación, que trascendió luego de que Daniela publicara en su cuenta de Instagram fotografías y un video mostrando la agresión, desató indignación y a su vez una cruda polarización, pues aunque para la justicia ninguna persona se considera culpable hasta que en un juicio se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Sin embargo, en los casos de violencia de género existe una gran impunidad para sus víctimas.
Las cifras lo demuestran. En Colombia solo el 13 por ciento de los feminicidas son condenados y apenas el 17% llega a una imputación de cargos, según información de ONU Mujeres.
Como consta en el informe 2018 de Forensis, de Medicina Legal, de las valoraciones realizadas por violencia de pareja el 86,08% (42.753) se practicó a mujeres.
'En nuestro país por cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por parte de su pareja, seis mujeres lo hacen', cita el estudio.
Así las cosas, la justicia falla en la protección a las mujeres contra la violencia intrafamiliar. Expertas señalan que muchas víctimas recurren a las redes sociales como un grito desesperado de ayuda para proteger su vida e integridad.
Vanessa Daza, abogada y cofundadora del colectivo feminista Siete Polas, explica que con el auge de las redes sociales y su utilización como herramientas de activismo feminista se han generado movimientos que buscan crear un contrapeso para exigir más de la justicia.
'Estos movimientos se conocen como escrache y son una forma de protesta que busca generar un impacto en la opinión pública dando a conocer las denuncias. Con ello se busca evidenciar la forma en la que los sistemas judiciales les fallan a las mujeres en Colombia. Esto se da en todos los países del mundo, pero en sistemas como el nuestro hay vicios generalizados', manifiesta.
Daza señala que en el país la investigación penal por delitos relacionados con la violencia de género están sesgados por los estereotipos, lo que expone a las denunciantes a una revictimización.
'Vemos casos en los que fiscales o incluso los mismos jueces revictimizan a la víctima justificando los abusos, las violaciones o los acosos, juzgando el comportamiento de las mujeres según cánones y prejuicios que son muy dañinos. Entonces, si llevaba falda, si estaba tomando, si estaba tarde en la calle se convierten en razones que permean toda la investigación penal. Por lo anterior, la justicia tiende a fallarles a las mujeres lo que genera desconfianza en el sistema judicial'.
Un derecho constitucional
Para la abogada María Peinado la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe hacerse valer en todos los procesos y la violencia de género no es la excepción, aunque se trate de delitos que atentan contra los derechos humanos.
'Siendo Colombia uno de los países que ha suscrito instrumentos internacionales como la Cedaw (Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer) y la Convención Interamericana para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (Belém Do Pará), que compromete al país a actuar con diligencia en la atención de estos casos'.
Cuando se denuncia un caso de violencia de género, agrega la jurista, se activa una ruta institucional con el fin de defender el derecho humano de las mujeres de vivir una vida libre de violencia.
Peinado señala que 'la experiencia demuestra' que cuando una mujer denuncia violencia es porque la está viviendo en cualquiera de sus expresiones (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial). Además, agregó que en estos casos es muy común que el agresor se defienda diciendo que ella es la agresora, ya sea 'por venganza o porque tiene un interés económico'.
'Como estamos inmersos en una sociedad machista, muchas personas creen en estas versiones, incluyendo algunos funcionarios de la ruta de atención (comisaría de familia, Policía, Fiscalía) siendo esto muy grave porque se deja a la mujer víctima a merced de su agresor', apunta.
Raíz
Rafaela Vos, socióloga, magíster en Historia, en Ciencias Políticas, investigadora en temas de género y ex rectora de la Universidad del Atlántico, explica que la violencia contra la mujer tiene una raíz histórica por tanto lo que ocurre en el sistema judicial contra ella es un reflejo de la sociedad patriarcal.
'Históricamente la violencia contra las mujeres ha sido invisibilizada porque la cultura la acepta con la anuencia de los estados y los sistemas jurídicos. La cultura machista androcéntrica la ha transferido de generación en generación en las diferentes épocas aceptando que golpear a las mujeres era la manera de restituir el orden y la disciplina en una familia'.
Vos concuerda en que estas formas discriminatorias se han visto reflejadas en los códigos penales.
'En Colombia el asesinar a una mujer por ira e intenso dolor permaneció en el Código Penal hasta los años 80. Sin embargo, a pesar de que fue anulado todavía muchos abogados y abogadas permanecen con los viejos imaginarios de la defensa. Las mentalidades y las concepciones que se tienen sobre la violencia inciden directamente en la interpretación del hecho jurídico'.
Pese a esto, señala, en Colombia ha habido avances en el desarrollo de leyes impulsadas por toda una estrategia mundial para reformar los códigos penales y civiles.
'La violencia contra las mujeres es una lucha constante donde no se puede bajar la guardia porque la impunidad se impone y todavía se argumenta la ira e intenso dolor para justificar los asesinatos. El viejo adagio en peleas de marido y mujer nadie se debe meter que todavía se escucha en el argot popular forma parte de esa complicidad que existe culturalmente de aceptar la violencia contra las mujeres'.
Sanción social
En el caso del futbolista colombiano, hinchas del Boca Juniors en Argentina pidieron la cancelación de su contrato por la denuncia en su contra. La acusación de Cortés fue respaldada a través de un video de Instagram por una mujer que dijo ser exnovia de Villa, y manifestó haber sido maltratada también por el futbolista. (La mujer borró el video, según ella por recibir amenazas contra su vida). El caso, que está en manos de la justicia en Argentina, decidiría el futuro del jugador. Asimismo se prevé que en los próximos meses el equipo xeneize decida su continuidad en la institución.
¿Una prometedora carrera futbolística puede venirse abajo por una denuncia? Fanáticos del fútbol reclaman la presunción de inocencia y es cierto que este es un derecho inviolable; sin embargo, mujeres víctimas de violencia, después de tanta impunidad histórica del sistema han encontrado en hacer públicas las denuncias una forma de sanción social para quienes la ejercen.
