El Heraldo
Barranquilla

248 de los 2.500 predios bloqueados por la Supernotariado en Tubará son playas

La decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro permitiría recuperar las 767 hectáreas de bienes de uso público que reclama la Dimar en el Municipio.

De los 2.500 predios a los que la Superintendencia de Notariado y Registro les bloqueó la matrícula inmobiliaria mientras investiga la adjudicación ilegal de tierras en Tubará, 248 fueron reportados por la Dirección General Marítima (Dimar) por estar en la zona de playas y bienes de uso público.

La ubicación de esos predios dentro de los 22 kilómetros lineales de playa que le pertenecen al Estado es objeto de revisión por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde están los registros de los lotes.

El capitán de fragata Armando De Lisa, director de la Dimar en Barranquilla, asegura que 767 de las 16.500 hectáreas que según el registro histórico forman parte del resguardo indígena en Tubará son playas marítimas - entre las que están Puerto Velero, Santa Verónica, Puerto Caimán y Caño Dulce- y que por tanto no debían ser escrituradas por particulares.

“La única forma de acceder al uso de un lote de playa es la figura de la concesión, pero se están adueñando ilegalmente de estos sectores. Las inspecciones de policía estaban entregando amparos policivos sobre los terrenos, lo que es improcedente para las áreas de playa”, explica De Lisa.

La decisión de la Supernotariado impide la compra, venta e hipoteca de los predios que estarían ubicados en terreno del Estado, por lo que cualquier trámite que los involucre será rechazado en las notarías.

Luego de conocerse la decisión de la Supernotariado, la Procuraduría General informó que la extensión del terreno de lo que fue el resguardo indígena corresponde a 20.496 hectáreas, registradas con la matrícula inmobiliaria 040-62887.

De esas 20.496 hectáreas el 3,7% corresponde a las playas y bienes de uso público por las que la Dimar radicó en la Alcaldía de Tubará 99 solicitudes de restitución de tierras entre 2008 y lo que va de 2014.

“Notamos con extrañeza que ninguna de esas solicitudes ha llegado a ningún término, por eso la Procuraduría está investigando qué sucede con el proceso y la responsabilidad de los alcaldes”, alega el director de la Dimar.

El paso a seguir en el proceso es que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) identifique los linderos precisos del terrero y presente los resultados que facilitarán el retorno de las tierras del Estado.

De Lisa sostiene que la Supernotariado, la Dimar y el Incoder se comprometieron a entregar resultados en un plazo máximo que va hasta el 31 de diciembre de 2014, y que lo que buscan es que de una vez por todas la tierra de uso público quede a nombre de la Nación para que no puedan invadirla.

Sobre el caso de la Marina Puerto Velero, el funcionario aclaró que la concesión del proyecto es a 20 años y que el uso de las playas está reglamentado por el decreto 2324 de 1984.

La adjudicación ilegal de predios en Tubará habría comenzado desde 1991, año del que datan las primeras escrituras de terrenos del Estado cedidos a particulares, lo que involucraría a los últimos siete alcaldes del municipio: José Coll, de 1990 a 1994; Baldomero Barraza, de 1994 a 1997; Adolfo Rebolledo, 1997 al 2000; León Barraza, de 2000 a 2004; Gilberto Coll, de 2004 a 2006; (tras ser destituido asumió el poder Tom Coll desde el segundo semestre de 2006 hasta el 2007); Cristian Coll, de 2007 a 2010; y Tom Coll, de 2010 hasta lo que va de 2014.

Resguardo. Pese a que el gobernador del resguardo mokaná, Julio Viloria, argumenta que los mandatarios han usurpado las funciones de los líderes indígenas al ceder sus tierras, el alcalde de Tubará, Tom Coll, alega que en el municipio no existen resguardos legalmente reconocidos.

“En septiembre de 2012 el director de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministerio del Interior nos comunicó la no existencia de comunidades indígenas en Tubará”, dice Coll.

Adjudicación. Entre las irregularidades encontradas por la Supernotariado están predios adjudicados por Tubará, pero ubicados en municipios contiguos como Juan de Acosta, Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Barranquilla, los cuales fueron cedidos sin tener linderos definidos y en notarías diferentes a las del Circuito de Barranquilla, que es a la que pertenece dicho municipio según el decreto 1028 de 1980.

Los documentos de las adjudicaciones fueron encontrados en ocho municipios del Atlántico: en Baranoa, 270; Ponedera, 59; Galapa, 3; Juan de Acosta, 71; Malambo, 9; Santo Tomás, 4; Puerto Colombia, 47 y Soledad 3.

Sobre el proceso, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, dijo que las inspecciones de policía deben controlar el desarrollo de actividades en terrenos del Estado y que los problemas por las tierras en Tubará han causado víctimas mortales.

Hoy la Dimar socializará el Plan de Ordenamiento de Puerto Velero, que busca diferenciar la zona de bañistas de la de deportes náuticos.

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