El Heraldo
Opinión

El Editorial | Momento de sumar

Asegurar ingresos para los núcleos familiares afectados por la temporada invernal debe ser una meta compartida entre el sector público y privado, del orden local, departamental y nacional: todos podemos aunar esfuerzos.

El invierno no da tregua en la Región Caribe, donde el paso del huracán Iota, su coletazo –que dejó fortísimas marejadas– y las torrenciales lluvias y vientos asociados al fenómeno de La Niña han golpeado de manera inclemente a los residentes de zonas costeras y ribereñas que claman por ayuda ante el creciente riesgo de tragedias prevenibles. Razones hay de sobra para alarmarse porque según el Ideam se avecinan nuevas ondas tropicales, cuyos efectos agravarían las condiciones de extrema vulnerabilidad de los miles de afectados.

 Por dónde se mire la situación es crítica. En la Alta Guajira, aislada desde hace más de una semana por inundaciones que impactan principalmente a comunidades indígenas, los mayores dramas se viven en Uribia y Manaure. Es crítico el panorama en El Banco, declarado en alerta roja por el aumento en el nivel del Magdalena, y en San Estanislao de Kotska-Arenal, en Bolívar, donde el Río también amenaza con desbordarse. 20  municipios de Córdoba están en alerta, en La Paz, Cesar, se decretó la calamidad pública por el grave estado de las vías, y en Sucre la problemática invernal se concentra en Corozal, Coveñas y Boca Cerrada.

En Manzanillo del Mar, en Cartagena, decenas de restaurantes quedaron destruidos y en el resto de la ciudad, en 34 de sus barrios, aún persisten los devastadores efectos de Iota. En Atlántico, cada día se conoce una nueva emergencia por cuenta del inverno, la más reciente en Malambo, donde un vendaval destechó varias viviendas. 18 municipios del departamento reportaron daños por lluvias, fuertes vientos, inundaciones, desbordamientos de arroyos, marejadas y deslizamientos, consecuencias del huracán que se ensañó con la zona costera de Santa Verónica, en Juan de Acosta, y de Puerto Colombia. 

Los más afectados son los caseteros, dueños de restaurantes y quioscos que habían reiniciado sus actividades, hace apenas dos meses, luego del prolongado cierre por la pandemia. Difícil imaginar un año más adverso que este 2020 para las miles de personas que devengan su sustento diario del turismo en el Atlántico y en el resto de la Región Caribe. Familias enteras, otra vez de brazos cruzados tras la arremetida del invierno, con sus negocios cerrados, en el mejor de los casos, o totalmente destruidos por el embate de la naturaleza que también arrasó con sus esperanzas de terminar el año en condiciones económicas estables.

En el Atlántico, con el apoyo de la Gobernación, el Sena y la Cámara de Comercio de Barranquilla, los propietarios de estos pequeños establecimientos dedicados al turismo se capacitaron y obtuvieron créditos para reabrir. Hoy no saben qué harán. La gobernadora Elsa Noguera ha recorrido durante esta semana los municipios afectados explorando alternativas de solución con las autoridades locales y los mismos damnificados. Adelantar estrategias viables, de corto plazo, alcance solidario y masivo, que permita a estos hogares disponer de ingresos rápidos, es fundamental para ayudarlos a superar el difícil momento. Se avecinan al menos cuatro semanas de fuertes lluvias con eventos climáticos extremos y un fenómeno de La Niña cada vez más intenso, según los pronósticos, por tanto no será posible garantizar normalidad en las playas, hoy cerradas por los estragos de Iota.

Adelantar obras de mitigación, como espolones o canalización de arroyos, y avanzar en soluciones definitivas a problemáticas identificadas en los municipios afectados exigirán inversiones importantes y tiempo para ejecutarlas. Un desafío adicional a los muchos surgidos a lo largo de este año, en el que la pandemia, en primera instancia, y ahora el invierno siguen poniendo en jaque el bienestar de miles de familias del departamento: los comerciantes independientes, propietarios de pequeños negocios e informales, las dedicadas al sector turismo y las campesinas, muchas de las cuales perdieron sus cosechas o no han encontrado los medios para comercializarlas a precios justos.

Asegurar ingresos para estos núcleos familiares debe ser una meta compartida entre el sector público y privado, del orden local, departamental y nacional: todos podemos aunar esfuerzos para apoyar y atender las necesidades más urgentes de estos atlanticenses. Reforzar los sistemas de alertas tempranas debe ser prioritario porque las emergencias invernales seguirán a la orden del día, pero también cada habitante de Barranquilla y los municipios del Atlántico tiene que poner de su parte para evitar arrojar basuras a los arroyos que los contaminan y sedimentan propiciando desbordamientos. Conciencia ambiental para evitar ser parte del problema. Es momento de sumar.

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