Un año a oscuras completó la Vía al Mar, entre Barranquilla y Puerto Colombia. Los 12 kilómetros de este importante corredor vial, uno de los más transitados del Atlántico, increíblemente se encuentran sin servicio de energía debido a que no ha sido posible que el Gobierno nacional, en mesa de trabajo con autoridades locales y congresistas de la bancada del departamento, encuentre una solución definitiva para garantizar  la financiación y mantenimiento del sistema de iluminación.

La situación no es nueva, pero ni antes ni ahora se advierte un interés de las partes involucradas, entre ellas la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Costera Cartagena–Barranquilla para resolver este problema que afecta a ciclistas y conductores que transitan, en horas de la noche y la madrugada, por esta vía de carácter nacional. Los problemas comenzaron en septiembre de 2019 cuando terminó la concesión del Consorcio Vía al Mar, tras 25 años de manejo, tiempo durante el cual estuvo a cargo del servicio de alumbrado público.

De acuerdo con el contrato, los bienes, áreas de servicio y equipos de la vía fueron revertidos a la ANI, que adjudicó la operación a la Concesión Costera Cartagena–Barranquilla, a partir del 7 de noviembre de 2019, pero no contempló la financiación del alumbrado público en el nuevo contrato. En otras palabras, el Gobierno nacional dejó por fuera de la estructura tarifaria el rubro destinado a sufragar los gastos relacionados con este servicio, a pesar del importante incremento en el valor de los peajes de la Vía al Mar, entre ellos el de Papiros, por el que se pagan $5.900 y en el de Puerto Colombia, $14.000. 

Cinco semanas después de la llegada del nuevo operador, a mediados de diciembre, como consecuencia del impago del servicio, éste fue suspendido. En ese momento la ANI, a través de su vicepresidencia de Gestión Contractual, aseguró que el servicio de alumbrado, tras la llegada del nuevo concesionario, era responsabilidad del municipio. En este tire y afloje ha transcurrido un año, la vía sigue sin luz, y todavía no se establece a quién corresponde asumir la competencia. 

Como si se tratara de un tema menor, y no involucrara la seguridad vial de los miles de usuarios de la carretera, la resolución de este cuello de botella se ‘atora’ entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Costera. La aludida Alcaldía de Puerto Colombia dice que no tiene cómo financiar el sostenimiento y mantenimiento del sistema de iluminación, estimado en $2.500 millones anuales y que el asunto se sale de su resorte. Adicionalmente, el alcalde de Puerto, Wilman Vargas, le dijo a EL HERALDO que la vida útil de los postes y luminarias de la vía acabó hace más de tres años y su reposición cuesta $5 mil millones. Otra pata que le nace al cojo.

2020 ha sido un año extremadamente complejo por cuenta de la pandemia de coronavirus que desencadenó medidas extremas como un prolongado confinamiento, nunca antes visto. Sin embargo, esto no puede ser excusa para continuar dilatando por más tiempo la solución de esta enorme dificultad que causa traumatismos a los ciudadanos que a diario deben desplazarse por la Vía al Mar, entre ellos conductores de vehículos que pagan lo correspondiente al controversial peaje Papiros. Provoca desconcierto saber que la vía permanece a oscuras cuando se paga por un buen servicio. ¿Quién responde?

Urge entonces dar una respuesta a este problema que no se puede prolongar por más tiempo. Pese a lo complejo que resulta, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Puerto Colombia deben renovar sus esfuerzos para acordar una salida en el interés de los usuarios de la vía garantizando recursos para financiar el servicio. Es de la mayor importancia avanzar en una solución teniendo en cuenta la relevancia de la vía en el departamento.