La rendición de cuentas que varias entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura han realizado por estos días muestra una precaria ejecución frente a las metas trazadas por el gobierno nacional en su Plan de Desarrollo.
En la pasada columna les mostré el fracaso de Finagro en el fomento del crédito agropecuario. Hoy haré un análisis sobre la ejecución de la política de reforma agraria del gobierno, la cual ha tenido todo tipo de tropiezos en la compra de tierras y adjudicación de predios.
Faltando escasamente 15 meses para terminarse el gobierno Petro, el informe publicado en la página web del ministerio de Agricultura muestra que solo han podido hacer compras directas por 370.187 hectáreas de 3 millones anunciadas. Esto equivale a una ejecución de tan sólo el 12,3% en tres años. Según versión de varios propietarios que han vendido sus fincas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solo les han pagado el 30% del valor de sus predios, pero ya fueron ocupados o invadidos por campesinos e indígenas. Si no resuelven este chicharrón prontamente, las demandas contra la ANT serán millonarias y veremos en el futuro inmediato otro sistema de restitución de tierras, pero esta vez contra el Estado. El patrimonio de esos funcionarios no les alcanzará para resarcir el enorme daño fiscal que le están ocasionando a la Nación.
En materia de entrega de predios a campesinos, la cosa es peor. El informe muestra que han entregado 4.612 predios que representan 205.236 hectáreas. De ese paquete, el 91% de los predios (equivalente a 187.426 hectáreas) fueron entregados provisionalmente, es decir, sin registro de los títulos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). Grave el asunto. No tener el título del predio es como no tener cédula de ciudadanía.
Tampoco les fue bien en la ejecución del programa de Restitución de Tierras, un esquema jurídico muy mal diseñado en el gobierno de Juan Manuel Santos. De 6.7 millones de hectáreas inscritas en reclamación, solo hay 242.551 hectáreas identificadas en sentencia con orden de restitución. Salió más cara la medicina que la enfermedad. En donde sí han tenido buenos resultados de ejecución es en los procesos de clarificación, deslinde, extinción, recuperación de baldíos y formalización de la propiedad rural a pequeños campesinos; según las cifras del Ministerio de Agricultura, han formalizado 1.5 millones de hectáreas.
Claramente, estos resultados son consecuencia de la improvisación, desconocimiento y la falta de planeación en la política de reforma agraria. Un proceso de compra de tierra en la ANT dura alrededor de un año. Las compras debieron hacerse por el sistema de “Bajastas” a través de Lonja de Propiedad Raíz. La entrega de predios debió hacerse a asociaciones de productores bajo el esquema jurídico “en común y proindiviso”, para que todos compartan la propiedad del predio, sin que exista una división física o material del mismo. Además, debieron involucrar al Sena, ICA, Agrosavia, Banco Agrario y la Agencia de Desarrollo Rural, para capacitar y formar en buenas prácticas agrícolas, estructurar los proyectos productivos, financiar y prestar servicio de asistencia agronómica a las asociaciones de productores. Desafortunadamente, ya es muy tarde.
*Consultor en apalancamiento financiero agroindustrial.
