La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imputar a 20 exmandos de las Farc como los “máximos responsables” del reclutamiento y utilización de menores en la guerra marca un hito judicial y moral que Colombia debe valorar en su justa medida. Este no puede verse como un trámite más dentro del sistema transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, sino como el imprescindible reconocimiento institucional de una de las más infames atrocidades del conflicto que convirtió la infancia de miles de niños en combustible bélico.

Durante al menos 20 años, estos menores, 11.052 víctimas acreditadas —9.027 de seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 individuales—, fueron arrancados de sus hogares, engañados o presionados para integrar una máquina de matar que les robó familia, escuela, sueños, libertad y futuro. De ahí que el alcance de esta determinación resulte tan profundo.

Ahora los comparecientes deberán escoger entre reconocer verdad plena, responsabilidad y reparar a las víctimas, para acceder a las sanciones restaurativas, o exponerse a penas de hasta 20 años. Una disyuntiva que vuelve a poner a prueba la esencia misma de la justicia transicional: verdad absoluta a cambio de beneficios, no silencios premiados. El país exige confesiones exhaustivas, rutas de mando esclarecidas, patrones de violencia sexual, desapariciones y destinos de menores nunca regresados. Sin verdad completa, no habrá legitimidad posible y, otra vez, la JEP se expone a generar más impunidad ante las víctimas.

Este caso constata una herida adicional de nuestro conflicto: el impacto desproporcionado sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Allí no solo se llevaron niños; fracturaron tejidos comunitarios, liderazgos futuros y continuidades culturales enteras. En consecuencia, el daño fue individual, familiar y colectivo: imposible de restaurar así sin más.

Sin embargo sería un grave error reducir este horror al pasado. El reclutamiento forzado de menores continúa vivo. La Defensoría del Pueblo reportó 361 casos en 2025 y este año ya ha documentado 19. Hoy los principales responsables son las disidencias de Farc, Eln y otras estructuras criminales que mutaron sus métodos: menos secuestro abierto, más captación digital. Las redes sociales, falsas promesas de dinero, estatus, protección o escape de entornos violentos sustituyen al fusil en las puertas de las casas de las familias más pobres.

En todo caso, el resultado es el mismo porque cambió el mecanismo, pero no el delito. De manera que niños, niñas y adolescentes siguen siendo usados como vigías, mensajeros, informantes, raspachines, transportadores de armas o de explosivos y, claro, combatientes de primera línea. A muchas niñas las someten además a violencia sexual, un crimen tan sistemático como silenciado. Vidas en formación utilizadas como mano de obra desechable por estructuras criminales que saben bien, porque lo han hecho desde siempre, que reclutar menores reduce costos, facilita obediencia y asegura reemplazos rápidos en sus filas. Para esos grupos, la infancia vale menos que una munición, son daños colaterales de un conflicto.

Las consecuencias son devastadoras. Primero para los menores, también para sus familias y comunidades que quedan sometidas al miedo, pues denunciar causa represalias, incluso la muerte. Así, el reclutamiento nutre ejércitos ilegales y consolida el control social de los violentos que, a la fecha, rondan escuelas rurales de Cauca, Nariño y otras regiones del país.

Colombia necesita una estrategia que sume los esfuerzos de la Fiscalía, fuerza pública, ICBF, sistema educativo, autoridades territoriales y las comunidades. Se requiere protección real en entornos escolares, inteligencia contra las redes de reclutadores, una respuesta digital especializada, atención psicológica constante para los menores combatientes rescatados y oportunidades en empleo, educación y deporte, donde hoy manda la criminalidad. También es hora de fijar una línea roja innegociable en cualquier mesa de diálogo. Ningún proceso con grupos armados en el país debe avanzar sin el retiro inmediato, verificable y total de niñas, niños y adolescentes de sus filas, como condición previa y permanente para negociar.

No sigamos normalizando un crimen de guerra. La JEP juzga las responsabilidades del ayer. El Estado debe impedir las del presente. Si Colombia no protege ahora a sus niños, seguirá entregando su futuro, literalmente, a quienes los convierten en materia prima de crímenes.