A ocho días de una nueva reunión de la junta directiva del Banco de la República para tomar las decisiones que corres pondan en materia de política monetaria, puntualmente sobre la tasa de interés, las diferencias entre el Gobierno nacional y el Banco de la República parecen cada vez más profundas e irreconciliables. En esta antesala y posterior al abandono que hizo de la última junta el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el pasado mes de marzo, molesto por la decisión del emisor de aumentar 100 puntos la tasa y llevarla al 11,25 % con el propósito de contener la presión inflacionaria, el Ejecutivo organizó el “Foro económico: la política monetaria en un contexto progresista”.

Fue anunciada la participación de destacados economistas internacionales –que al final no asistieron, como Mariana Mazzucato, Thomas Piketty o el nobel Joseph Stiglitz– y participó invitado como panelista el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el país vecino con el que Colombia mantiene una agria batalla diplomática por la petición del presidente Petro de que sea liberado el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas, llamándolo preso político. Lo que generó la reacción de su actual homólogo, Daniel Noboa, quien llamó a consultas a Quito a su embajador en Bogotá.

En una inédita crisis institucional, el Gobierno rompió relaciones con el banco central abiertamente, abandonó la última sesión y se dedicó a lanzar epítetos contra la junta directiva. Un resultado que se veía venir, pues cada vez era más tensa la comunicación entre el Ejecutivo y el emisor que, pese a las presiones y los pedidos del presidente y de su jefe de Hacienda, se mantuvo en su postura independiente.

Luego vino la comparecencia en la Comisión Cuarta de la Cámara de Represen tantes, el pasado 15 de abril, donde una vez más el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se plantó firme en la defensa de la autonomía de la entidad y le pidió al Gobierno bajar los ánimos y el lenguaje que maneja contra sus integran tes, recordándole que era “conveniente bajar la campaña de descrédito” que finalmente termina perjudicando al país. Y ayer, previo a la realización del foro organizado por el Gobierno nacional, se conoció la carta con la que el propio Villar declinó su participación en el espacio deliberativo, por considerar que se realiza en un momento y en un contexto de una coyuntura electoral.

En la misiva, Villar se manifiesta dispuesto a participar en futuros espacios y le recuerda al ministro Ávila que, con sus señalamientos, “la autonomía definida por la Constitución de 1991 a la junta directiva del Banco de la República es ilegítima cuando las decisiones que adopta la Junta difieren de las que habría adoptado el Gobierno” al cual pertenece.

Y en el cruce de golpes, como era de esperarse, tanto el presidente Petro como su ministro de Hacienda respondieron. El primero: “Le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global. Viven en una burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”. Y el segundo, en el marco del foro: “Tal vez no tiene en cuenta que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a este momento político y a este momento electoral”.

En medio de la creciente y aparente irreconciliable tensión, se avecina la sesión mensual de la junta directiva del Banco de la República, y su gerente espera que el ministro, como se lo manifestó en la carta enviada, cumpla con la obligación “ineludible” de estar presente como le corresponde. Eso sí, recordándole que es necesario hacerlo “independiente de si las decisiones que allí se adopten coincidan o no con las que el Gobierno considera apropiadas”.

La cuerda se tensa una y otra vez, mientras que el país sigue perdiendo credibilidad y confianza en los mercados internacionales. El Ejecutivo sigue apelando a la presión y a la descalificación para desacreditar las decisiones de política monetaria de largo plazo en las que está empeñada la junta del emisor, aferrada a su autonomía y a su misión de contener las presiones inflacionarias. A este periodo de gobierno le quedan aún tres sesiones que, muy probablemente, por la coyuntura electoral y por el relevo presidencial no tome decisiones para el corto plazo, y habrá que ver si finalmente el ministro Ávila se mantiene en su posición de no asistir.