El Gobierno nacional vuelve a exhibir, sin pudor, sus muchas fracturas internas. Las guerras intestinas entre altos funcionarios, ventiladas en comunicados, entrevistas o acusaciones sin sustento probado, de las que el país es testigo con recurrente frecuencia, no solo han debilitado la credibilidad del Ejecutivo, también han comprometido su gobernabilidad y la misma imagen institucional del Estado. Torpezas políticas que a ellos los traen sin cuidado.

Esta vez, el choque enfrenta al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, con el ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, y a este último con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una cadena de señalamientos temerarios, al mejor estilo de Songo le dio a Borondogo, que el presidente Gustavo Petro no ha sabido —o no ha querido— contener.

Todo comenzó con el anuncio de imputación de cargos contra el director de la UNP por omisiones en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y su posterior anulación por la misma Fiscalía. Maniobra desconcertante porque, aunque el ente acusador alegó un error de competencia, el episodio expuso una evidente descoordinación interna que dejó —otra vez— mal parada a la institución liderada por Luz Adriana Camargo.

Rodríguez, señalado por la fiscal 11 como “presunto responsable del delito de prevaricato por omisión” por no garantizar de forma debida la seguridad de Uribe Turbay, cuestionó la forma en la que se tramitó la solicitud, de la que se enteró por la prensa y sin haber sido citado a rendir ni una versión. Tras el reversazo, el asunto tomó otro matiz luego de que el director le atribuyera a Idárraga, su colega de gabinete, el poder de contaminar decisiones judiciales por su supuesta influencia en la Fiscalía debido al importante cargo de su esposa.

La acusación de Rodríguez, que también habla de presiones de Idárraga en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), erosiona la ética del ministro y pone en entredicho la coherencia de su discurso oficial sobre transparencia y legalidad.

Alarmante, porque quedó atrapado en una controversia que se agravó con la renuncia de su esposa a la Fiscalía bajo la sombra de un posible conflicto de intereses. Hasta ahora no se conoce explicación convincente que disipe las dudas sobre sus actuaciones, lo cual es difícil de digerir en el caso de una figura que ha usado la premisa de la supremacía moral para denunciar la deshonestidad de otros.

Más allá de la suerte procesal del señor Rodríguez, quien se extravía al no poder ofrecer una explicación coherente o lo suficientemente concluyente acerca de por qué no reforzó —pese a los reiterados llamados— el esquema de protección del asesinado dirigente, su batalla personal contra Idárraga avivó la percepción de tensiones internas, retaliaciones cruzadas y disputas de poder en el corazón de un gobierno desgastado e incapaz de ser respetuoso en cuestiones cruciales relacionadas con seguridad, justicia y confianza pública.

Otra vez el tristemente célebre sistema de espionaje Pegasus, del que la Fiscalía ha dicho no tiene pruebas de su uso, vuelve a estar en el centro de las denuncias. Idárraga dispara a todos lados: a Rodríguez, el de la UNP, de ahí la inquina de este; y al Ministerio de Defensa por la supuesta interceptación ilegal de su teléfono. Su titular, Pedro Sánchez, lo negó de plano. No hubo pruebas concluyentes, pero sí un profundo daño difícil de revertir: ministros enfrentados públicamente por sospechas, a las que también se sumó Armando Benedetti.

Nada de esto es nuevo. Es el modo de obrar de un Ejecutivo al que no le interesa tramitar sus conflictos con prudencia ni rigor institucional. Ya han vivido episodios similares —Benedetti contra Montealegre, Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo o disputas entre funcionarios o directores— sin que el presidente ejerza el menor liderazgo para cerrar filas y evitar la lucha fratricida. El resultado de tanta pugnacidad salta a la vista: un gabinete errático, con ministros que se desautorizan entre sí, una agenda pública secuestrada por sus escándalos internos y una gestión que pierde foco frente a los problemas reales del país.

Más allá de quién tenga la razón, este pugilato deja una conclusión inquietante: cuando las acusaciones sustituyen a las decisiones colectivas para alimentar el ego de unos cuantos y el ruido reemplaza a la institucionalidad, la credibilidad del Estado es la principal víctima. Convendría que los entes pertinentes asuman con seriedad la apertura de investigaciones independientes que le ofrezcan claridad al país frente a la andanada de acusaciones de altos servidores públicos que les tiran piedras a sus compañeros y esconden la mano. Desolador.