Cuando una entidad del Estado, por más independiente que se proclame, pretende saber cómo se toman las decisiones en el interior de las salas de redacción, qué se discute en los consejos editoriales o cuáles son los protocolos que orientan a los medios de comunicación en la selección de sus contenidos, no está promoviendo el pluralismo informativo, como intenta hacernos creer la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con su requerimiento oficial que causó estupor general por ser una forma de censura indirecta.
Lo que en verdad sucede es que comenzó a dar los primeros pasos para cruzar la sinuosa línea hacia el autoritarismo. La solicitud de información sobre actas, relatorías y manuales editoriales, enviada por la CRC, autoridad con funciones de inspección y vigilancia a medios, inicialmente bajo la amenaza de sanciones administrativas, activó una alarma que nadie puede ni debe desconocer. La razón es simple: su flagrante extralimitación de funciones o competencias constituye una vulneración de los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución sobre libertad de expresión, protección de la actividad periodística y del secreto profesional.
La libertad de prensa no admite ambigüedades. O se respeta plenamente o se erosiona sin remedio. Es un principio democrático que no tiene discusión. El descarado intento de intromisión de la CRC en la autonomía editorial de la prensa atenta contra su libertad informativa porque abre la puerta a que se limite o inhiba la deliberación interna, que es parte esencial del libre ejercicio del oficio. ¿Qué periodista debatirá con libertad sabiendo que el contenido de sus reuniones podría ser revisado por el ente estatal? ¿Qué medio decidirá libremente su línea editorial si teme ser sancionado por no ajustarse al estándar de “imparcialidad” que defina el Gran Hermano regulador? No son preguntas al azar, son legítimas preocupaciones de la prensa ante el inaceptable escenario democrático que se ve.
Dicho de otra manera: el carácter invasivo de la petición de la CRC representa una peligrosa amenaza a la libertad de prensa y a la democracia misma que no se desactiva simplemente con las retractaciones de sus comisionados que debieron salir presurosos a recular o apagar el incendio que su temeraria carta provocó. Aunque la autoridad diga ahora que su solicitud fue “voluntaria y no investigativa” o atribuya al mensajero la tergiversación de su ‘noble’ intención, el hecho de haber firmado y enviado la carta, que debe ser retirada de inmediato, le demanda que rinda cuentas. En ese sentido, hace bien la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en solicitarle explicaciones públicas acerca del propósito de su requerimiento.
La democracia se sostiene sobre el principio de la desconfianza hacia quienes ostentan el poder, de ahí la existencia de pesos y contrapesos que impidan abusos o atropellos. Uno de ellos reside en la labor fiscalizadora de la prensa. Por eso, cualquier burdo intento de controlar, supervisar o condicionar su funcionamiento interno debe ser respondido con firmeza para impedir que se normalice la lógica de una vigilancia estatal, con la que algunos cohonestan. Sobre todo, en el contexto global de alarmantes retrocesos democráticos en los que la prensa crítica e independiente se encuentra en la mira de líderes autoritarios que buscan debilitarla o desacreditarla para imponer un relato único. Ni transparencia selectiva ni control ideológico para acallar cuestionamientos, dominar narrativas o quién sabe qué otros descabellados objetivos disfrazados de requerimientos institucionales o diagnósticos técnicos, para evaluar el estado del pluralismo o de la imparcialidad informativa en el país.
En un gobierno con demostradas pulsiones autoritarias o antidemocráticas, la solicitud de la CRC profundiza los recelos sobre sus actuaciones. Pese a que el mismo Petro, que libra una batalla personal contra la acertada e indispensable decisión del Consejo de Estado para fijarle límites a sus desmedidas alocuciones, se mostró en desacuerdo, el riesgo es latente.
Es imprescindible que se esclarezca quién promovió este intento de censura indirecta, bajo qué motivaciones y cómo se garantizará que no se repita. Entre otras razones, porque la CRC deberá velar por el derecho al pluralismo informativo desconocido por el presidente, autorizando con antelación sus alocuciones. Luego de su desconcertante petición, ¿qué garantías pueden tener los demandantes y la ciudadanía en general de un buen proceder?
La libertad de prensa no es privilegio de periodistas. Es una garantía colectiva. Una prensa amordazada, bajo censura o vigilancia, abona la cuota inicial de una democracia en retirada, con desiertos informativos que le impedirán a la gente conocer qué pasa en su entorno. No se trata de exagerar ni de caer en teorías de la conspiración, sino de estar atentos. Porque si los ciudadanos dejan de sospechar o recelar del poder, si los medios renuncian a proteger su autonomía y si las instituciones permiten los exabruptos, la democracia se convertirá en un cascarón vacío. Es legítimo que demos el debate sobre el pluralismo y la confianza en la prensa, en medios de comunicación, pero no así, no bajo la amenaza o chantaje del Estado.
