Muy lamentable lo que está sucediendo en Colombia. El informe presentado por el Canal Caracol sobre los archivos de alias Calarcá pone en entredicho la integridad de la institucionalidad colombiana. Las conversaciones entre disidentes de las FARC sobre su relacionamiento con servidores públicos -incluido un general y el director de inteligencia del presidente Petro- resultan profundamente preocupantes.
La entrega de coordenadas de operaciones de nuestras fuerzas militares a esos grupos, la creación de estructuras de seguridad privada -un neoparamilitarismo articuladas con dichas disidencias y la posible financiación de la campaña presidencial “Petro Presidente” aparecen dentro de los documentos expuestos ante el país. También es inquietante la declaración de la fiscal general cuando advierte que no está conforme con la DIJIN —Policía Judicial— en este caso. Esto se agrava si se considera que la DIJIN es manejada y controlada materialmente por el director de la Policía, quien es subalterno del presidente Petro. Todo ello plantea dificultades entre la Fiscalía y el Gobierno, especialmente porque Petro, abusando de sus funciones y a través de la DIJIN, podría incidir en investigaciones.
Recordemos el caso del crimen de Miguel Uribe Turbay, que terminó afectado investigativamente por las diversas hipótesis que lanzó el presidente Petro y que obligaron a los fiscales a descartar cada una de esas conjeturas. También en ese caso la DIJIN del gobierno Petro actuó como policía judicial.
Lo más sorprendente de este gobierno es que no existe la responsabilidad política. Una cosa es la responsabilidad penal -que se rige por el debido proceso y las garantías judiciales consagradas en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos- y otra muy distinta es la responsabilidad política.
Son varios los ejemplos recientes. Uno de ellos se relaciona con Carlos Ramón González, mano derecha de Petro en Palacio, quien, en medio de una tormenta política y judicial, permaneció en su cargo hasta que abandonó el puesto y huyó de la justicia. Pero la “cereza en el pastel” es el caso del general Miguel Huertas: tras el escándalo de los acercamientos entre las disidencias y el gobierno, también fue mantenido en su cargo. Con desfachatez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que permanecería en su puesto hasta que se le comprobara la culpabilidad.
El problema es que este gobierno no entiende en absoluto lo que es la responsabilidad política. Para Max Weber, esta noción se explica a través de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera implica actuar según principios sin atender a las consecuencias. La segunda exige asumir las consecuencias de los actos y responder por ellas. De ello se desprende que la responsabilidad política no está atada a un proceso judicial, sino a la decencia de los actores públicos para rendir cuentas ante la ciudadanía.
Esta idea no existe hoy en Colombia. El principio parece ser que “el que la hace, no la paga”, lo que genera un profundo problema moral frente a la asunción de consecuencias. Los funcionarios cuestionados o sorprendidos en actividades ilícitas han aprendido a no asumir su responsabilidad y a buscar culpables externos para justificar sus propios actos.
El escándalo de la captura criminal del Estado por parte de organizaciones criminales no puede convertirse en otra noticia sin responsables. Será muy complejo para el futuro democrático de nuestra nación aceptar como precedente que nadie asume la responsabilidad por lo que ocurre y que el silencio se convierta en alternativa de respuesta pública. Colombia necesita una reconstrucción moral. No hay de otra.
Exfiscal General de la Nación
Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
