Pocas veces el Estado social de derecho en Colombia demostró tanto vigor como durante la semana que termina. Cada una de las determinaciones de sus instituciones corroboró el dinamismo de una democracia fuerte, blindada por su Constitución Política y el conjunto de normas vigentes, que sin duda funciona. Sobre todo a la hora de encarar los chantajes de las almas autoritarias que rondan la Casa de Nariño e intentan imponerse a como dé lugar.

La firme posición del registrador nacional, Hernán Penagos, que dejó en manos de las altas cortes el futuro de la consulta popular; la decisión del Consejo de Estado de suspender el inconstitucional e ilegal ‘decretazo’ de Petro, con el que convocó el exabrupto jurídico pese al rechazo del Senado; la orden de la Corte Constitucional que devolvió a la Cámara de Representantes la reforma pensional para que subsane un vicio de procedimiento en su trámite, y la aprobación definitiva de la reforma laboral tras la conciliación en Senado y Cámara han empezado a poner las cosas en su lugar, luego de un largo período en el que el Ejecutivo se dedicó a embarullar la política y arrinconarla hacia los extremismos ideológicos.

Más allá de la cansina polarización política con la que se busca deslegitimar al contrario, del falso dogma de bloqueo institucional forzado por el petrismo y de mecanismos distractores usados por el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública de sus crisis internas y de los problemas nacionales que no saben cómo resolver, la realidad es que los guardianes de la institucionalidad han dado una ejemplar lección de democracia que debemos aplaudir.

Sin embargo, conviene no llamarse a engaño. Estamos lejos de alcanzar escenarios de paz política o social que reconcilien a los colombianos. Y es así porque estamos inmersos desde hace meses en el fragor de una campaña electoral, por cuenta del propio jefe de Estado que encontró en la confrontación institucional el hábitat ideal para mantener movilizados a sus electores. Su estrategia es evidente. Por un lado, los usa para legitimar su retórica agresiva, visceral, contra sus enemigos comunes: el Congreso, los empresarios, los ricos, la prensa… Y por otro, les respaldan incondicionalmente sus desvaríos totalitarios, cuando desconoce la separación de poderes o lanza zarpazos contra el ordenamiento jurídico y la Constitución.

Ahora que el tortuoso camino de la reforma laboral acabó, en buena medida por las concesiones entre fuerzas políticas que permitieron llegar a consensos, también por las amenazas recibidas desde el Ejecutivo, y ya es un hecho la derogación del engendro del ministro Montealegre, el presidente vuelve por sus fueros: ¡a la ofensiva antidemocrática! Anuncia que en las próximas elecciones “será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente” e insiste en que el pueblo debe expresarse en las urnas.

Persiste el jefe de Estado en un error con el que induce, además, a una trampa absolutista. Estima que su triunfo electoral representa la voluntad de la totalidad del pueblo colombiano y que esa condición le otorga licencia para saltarse los cauces institucionales, en aras de modificar la Carta Magna, uno de sus mayores desvelos.

Desde distintos frentes, garantes de la democracia le han recordado que la única ruta posible para desencadenar una constituyente pasa por el Legislativo. Ese atajo inconstitucional, denominado “octava papeleta” por su operador político, el ministro del Interior, es descarado e inaceptable. Otra salida en falso del presidente, de sus desacertados asesores jurídicos que actúan con total desvergüenza en lo que parece ser un planificado plan electorero para desestabilizar al país.

Habla Benedetti de entregar “un mandato simbólico para el próximo gobierno”. No aclare ministro que su justificación oscurece. El carácter de su iniciativa no es comparable con el contexto de la ‘séptima papeleta’ ni tiene viabilidad jurídica ni política alguna. Es más ruido para activar su efecto distractor. Dejen de pervertir con su cinismo a incautos que al final les creen, y de intentar quebrar el Estado de derecho, usando argumentos de fraudulenta legalidad. Dedíquense mejor a gobernar porque los ciudadanos no aguantan una crisis más.

Ante este nuevo embate de cinismo que busca cruzar líneas rojas, absoluta confianza en los diques de contención de la institucionalidad, garantía de libertades y derechos en Colombia.