¿Quién les pone el cascabel a las plataformas?

La necesidad de reglamentar la prestación de servicios en determinados sectores y el principio de neutralidad de red están en el centro de la discusión.

Por: Lupe Mouthón @lupemouthon
Economía

La necesidad de reglamentar la prestación de servicios en determinados sectores y el principio de neutralidad de red están en el centro de la discusión.

Creo que a la semana uso al menos cinco aplicaciones con mi celular, pueden ser una o dos para pedir un servicio de transporte, al menos dos de domicilios y la del banco”, afirma Kellys Rojas, una milennial, como ella misma se califica, que trabaja en una entidad financiera.

Esta joven barranquillera de 27 años encaja en el perfil de la mayoría de los usuarios de aplicaciones móviles, que en las últimas semanas se encuentran en el ‘ojo del hurarcán’, tras una polémica sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que resolvió de manera favorable una demanda de la empresa Cotech S.A. y que ordenó a Uber suspender sus servicios en Colombia.

A pesar de que la compañía apeló la sentencia, anunció que este 31 de enero saldría del país, pero ya dejó de funcionar en Barranquilla.

Esta situación revivió el debate que desde hace varios años se viene dando en el país sobre la necesidad de reglamentar las plataformas que ofrecen servicios en ciertos sectores, especialmente transporte y hotelería y el respeto al principio de neutralidad de red.

Las voces a favor y en contra no se han hecho esperar, la polémica se ha apoderado de las redes sociales y los titulares de los medios de comunicación. Sin embargo, los expertos señalan que con la situación de Uber se generó un espacio de debate que terminará aclarando el panorama que hay en torno a las plataformas en el país.

A pesar de las opiniones encontradas, hay un punto de coincidencia y es que se debe buscar lo mejor para los usuarios.

Retoman el debate

 Después de que se desató la polémica, el Gobierno arrancó un proceso de trabajo conjunto con parlamentarios, empresarios del transporte, taxistas y representantes de las compañías de plataformas para diseñar un proyecto de ley que reglamente la prestación de servicio con la mediación de aplicaciones digitales.

El punto de partida, según afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, es garantizar la seguridad de los usuarios.

“La economía colaborativa es una realidad, y por ello se debe trabajar para equilibrar las reglas de juego”, afirmó la ministra.

Cuando se habla de equilibrar las reglas del juego se plantea que las plataformas que intermedian en el servicio de transporte se registren como empresas del sector en Colombia y que los conductores tengan licencias de conducir especiales. Además, que tomen pólizas de seguro extracontractuales, que se terminen el sistema de cupos para taxis y que las tarifas se ajusten a la demanda del mercado.

Estos puntos hacen parte de un proyecto de ley cuyo autor es el representante a la Cámara de Alianza Verde, Mauricio Toro. “Este debate que se ha generado a raíz de la sanción a Uber ha dejado un terreno favorable para entrar en una discusión profunda y para visibilizar la situación, un debate que lleva siete años en los que ha sido muy difícil lograr el compromiso del Congreso de la República y del Gobierno”.

Indicó que está en manos del Congreso la modificación de la ley y que “se han presentado iniciativas exclusivas del Gobierno nacional que no han solucionado el problema”, agregó.

Según el congresista, son más de 300 mil las personas en el país que obtienen sus ingresos a partir de las plataformas de transporte.

La libertad es una

El exministro de las TIC, David Luna, dijo que Colombia es un mercado muy atractivo para las inversiones nacionales e internacionales en prestación de servicios a través de plataformas digitales por la vigencia del principio de neutralidad de red.

“Esto no es otra cosa que un principio democrático que permite que todas las plataformas naveguen por la red de internet sin ningún tipo de prohibición o desigualdad a excepción de aquellas que el Congreso ha regulado o prohibido como son los juegos de suerte y azar y pornografía” sostuvo Luna.

Explicó que este principio es atractivo porque promueve la libre competencia y no censura. “El caso de Uber nos ha consternado porque es como si la Superintendencia de Industria y Comercio tomara mañana la decisión de sacar a una empresa del aire porque tiene mejores capacidades o competencias que otra, es absurdo” señaló.

Indicó que la decisión de Uber en manos de la SIC lo que hizo fue proteger a los monopolios y no a los usuarios. “Es una decisión que nos afecta, pero que tenemos que superarla y hay que avanzar porque la economía digital es fundamental para el desarrollo del país, la tecnología es un aliado y no un enemigo”.

Destacó que Colombia es uno de los países en el mundo que consagra en su ley el principio de neutralidad de red, lo que permite que cualquier tipo de plataforma tenga condiciones para operar de manera independiente del servicio que esté operando.

Luna recordó que desde 2016 se estableció el pago de impuestos a todas las plataformas digitales que operan en el país, lo que representa un importante avance.

Aseguró que Colombia es una potencia en desarrollo de software que cuenta con más de 5 mil empresas en el sector que son reconocidas a nivel internacional.

El mercado digital tiene toda la potencialidad que se debe promover y proteger. “El impacto económico de las plataformas es evidente con un mercado que cuenta con 45 millones de conexiones a internet, quienes tienen acceso a un smartphone manejan al menos una plataforma para cualquier actividad, por eso es impacto es positivo”, indicó el exministro.

Garantías laborales

 Otro de los temas álgidos en la polémica está relacionado con los trabajadores, pues a quienes prestan sus servicios mediante las aplicaciones digitales no se les reconoce un vínculo laboral.

Sobre el caso de la plataforma Rappi, recientemente la ministra de Trabajo, Alicia Arango, explicó que “los contratos con Rappi son independientes, y los hace el trabajador con la empresa o con la plataforma, lo que no implica por parte de ellos el pago de seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo”.

Señaló que para tener en cuenta los cambios en el mundo y las nuevas dinámicas laborales, se requieren nuevos modelos como lo es el de la flexibilización laboral. Esto incluye la cotización por horas y el Piso de Protección Social.

En turismo también piden reglamentar

Sobre las plataformas que intermedian en servicios de hotelería como Airbnb, la presidente de Anato, Paula Cortés, afirma que hay un reto para Colombia y otros países frente a la transformación digital, que consiste en lograr una normatividad específica para este tipo de plataformas que compiten en desigualdad de condiciones con las empresas que se encuentran legalmente constituidas. “No estamos en contra de estas plataformas digitales, para nosotros la tecnología es bienvenida, pero sí debemos buscar un equilibrio, porque de hecho ellas son un gran apoyo para el trabajo que realizan las agencias de viajes, es fundamental que tengan los mismos pagos de impuestos y condiciones que tenemos los agentes y los operadores turísticos en nuestro país”, sostuvo.

Indicó que es importante que estas plataformas trabajen con operadores que estén legalmente constituidos en el país, que tengan Registro Nacional de Turismo, que es la norma que se exige en Colombia para prestar un servicio turístico. “Con esto no solo garantizamos la seguridad del viajero nacional e internacional, también es un trabajo para la equidad de los demás prestadores que si cumplen con estos requerimientos”, señaló. 

Para el gremio, la falta de regulación pone en competencia desigual a los proveedores de servicios turísticos ya existentes, teniendo en cuenta que éstos tienen que correr con costos de certificaciones, impuestos, administrativos y demás costos comerciales y las plataformas virtuales no lo hacen. “Lo anterior crea un desequilibrio en el mercado, pérdida de oportunidades, un desconocimiento normativo grave y una posible lesión a los derechos de los consumidores”, agregó.

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