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Locales comerciales cerrados en el centro de Barranquilla.
Orlando Amador
Economía

Acopi presenta tres propuestas para buscar acuerdos con dueños de bienes arrendados

Por cada 100 micro, pequeñas y medianas empresas, afiliadas a Acopi, 60 han tenido una reducción del 80% de sus ventas en medio de la emergencia económica del país.

Por cada 100 de estas organizaciones empresariales, 60 pagan entre un millón y cinco millones de pesos en canon de arriendo. Y por cada 100 mipymes solo 38 han logrado una negociación con sus arrendatarios.

Esta situación ha llevado al gremio a presentar al Gobierno tres propuestas. La primera, que se levante el carácter de orden público para las normas de arriendo establecidas en el Código de Comercio, artículos 518 a 523, para hacer efectivo el acuerdo entre las partes. Una segunda iniciativa es que se aplique el artículo 871 del Código de Comercio que establece el principio de buena fe, que obliga no solo a lo pactado en el contrato, sino a la costumbre y a la equidad natural.

Se aplique la teoría de la imprevisión, para que las partes puedan renegociar el valor del canon, tiempo, modo e incluso la terminación anticipada del contrato sin indemnización.
Esta es una de las solicitudes que más recibe –dijo Juan Carlos Correa, gerente de una empresa de inmuebles comerciales e industriales en Barranquilla– de sus arrendatarios ante la paralisis del sector productivo en medio de la COVID-19.

A través del Decreto 579  de 2020, el Gobierno nacional adoptó medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, e invitó a que dueño del bien e inquilino llegaran a acuerdos mutuos ante los impactos económicos en medio de la pandemia.

Un empresario afiliado a Acopi Atlántico dijo que espera que el Gobierno agilice y diga si es posible la propuesta. “Para aquellos que tenemos dentro del contrato de arriendo el pago de indemnización por entregar áreas arrendadas ante la falta de caja, caída de ventas, tener respuesta del Gobierno después de tres meses no sería bueno”.
Juan Carlos Correa agregó que ve muy difícil que sea aceptada la propuesta. “Se necesita tiempo para modificar normas. Hay que pensar también en los efectos para los propietarios de uno o más inmuebles”. 

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