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En medio del debate electoral rumbo a las Elecciones Presidenciales de 2026, la situación de las mujeres rurales continúa representando uno de los principales desafíos para el desarrollo del país. Aunque distintos programas de gobierno incorporan propuestas relacionadas con el desarrollo rural, aún persisten vacíos frente soluciones estructurales para la igualdad de género en materia de desarrollo.

Frente a este panorama, la Alianza por las Mujeres Rurales, conformada por la Fundación Alpina, Fundación WWB, Fundación Aurelio Llano Posada y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó una revisión de los programas de gobierno de candidatos y candidatas a la Presidencia y desarrolló un análisis a partir de cinco dimensiones clave para el bienestar y la autonomía de las mujeres rurales: capital natural, físico-productivo, humano, financiero y social, identificando oportunidades para fortalecer el cierre de brechas en acceso a tierra, infraestructura, salud, educación, inclusión financiera y Participación en la gobernanza.

Aquí hay que aclarar que esta una es una plataforma de conocimiento, articulación y posicionamiento estratégico que busca impulsar la toma de decisiones basadas en evidencia y la incidencia efectiva en políticas públicas que transformen la situación de desigualdad de las mujeres rurales.

En ese sentido, desde este análisis se identificaron oportunidades para fortalecer el acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales, así como un mayor reconocimiento de las barreras que enfrentan mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas. También, se observó una limitada incorporación de los conocimientos tradicionales y del aporte de las mujeres rurales a la sostenibilidad ambiental, el manejo del agua y las prácticas agroecológicas.

En este contexto, la Alianza destaca la importancia de fortalecer las políticas de acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2462 de 2025 que actualiza la Ley 731 de 2002 y promover el reconocimiento de sus conocimientos y prácticas como un aporte estratégico para la sostenibilidad de los territorios.

En materia de infraestructura y acceso a servicios básicos, el estudio desarrollado por la Alianza identificó desafíos relacionados con vías terciarias, transporte, energía, acceso al agua y conectividad, factores que impactan directamente las oportunidades económicas, la autonomía y la calidad de vida de las mujeres rurales. Cabe resaltar que la infraestructura no es neutral desde el género. El acceso a vías terciarias determina si una mujer puede llevar su cosecha al mercado directamente o depende de intermediarios; la cercanía a servicios básicos determina si puede denunciar una situación de violencia o recibir de manera oportuna a la atención en salud.

Asimismo, las propuestas revisadas abordan temas como salud y educación de manera general, sin incorporar plenamente barreras específicas de la ruralidad, como el limitado acceso a los servicios, las cargas de cuidado familiar y ambiental, y las violencias basadas en género. También se evidenció una presencia limitada de medidas relacionadas con salud sexual y reproductiva.

La Alianza recomienda fortalecer estrategias de atención adaptadas a la ruralidad dispersa, mediante herramientas como telemedicina, educación flexible y brigadas itinerantes, incorporando enfoques de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud y educación

Frente a estos hallazgos, se recomienda articular las políticas de desarrollo rural con estrategias de cuidado y corresponsabilidad social, así como fortalecer programas de formación y asistencia técnica que reconozcan los conocimientos productivos de las mujeres rurales.

Desde la Alianza se resalta la importancia de desarrollar instrumentos de crédito adaptados a las condiciones de las mujeres rurales, incluyendo mecanismos colectivos y asociativos de respaldo financiero, así como incorporar metodologías que reconozcan y valoren el trabajo productivo y de cuidado no remunerado en los procesos de acceso a servicios financieros formales.

En esta línea, la Alianza destaca la importancia de fortalecer las medidas de protección para lideresas rurales, avanzar en la implementación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política y consolidar mecanismos que promuevan su participación efectiva en las decisiones sobre sus territorios.

De cara a las Elecciones Presidenciales de 2026, la Alianza por las Mujeres Rurales hace un llamado a reconocer el papel estratégico de las mujeres rurales en el desarrollo sostenible del país. Su aporte al sostenimiento de la vida, la sostenibilidad ambiental y la construcción de paz las posiciona como protagonistas clave en la transformación territorial y en la consolidación de modelos de desarrollo más equitativos e incluyentes.