El Heraldo
Opinión

Por la tangente

La Procuraduría General propuso un proyecto de ley que supuestamente corregiría los errores del actual procedimiento disciplinario.

Esta semana se aprobó el proyecto de ley que reforma al Código Disciplinario que, en teoría, responde a las peticiones exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el Caso Petro. El año pasado, como fue de amplio conocimiento, la CorteIDH condenó al Estado colombiano por las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Petro; decisión que se adoptó por la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que funcionarios elegidos popularmente no pueden ser destituidos por órganos administrativos sino por un juez penal.

Al respecto, tal como lo expliqué en la columna “Caso Petro” publicada en EL HERALDO en agosto de 2020, el papel de la Procuraduría es esencial en la lucha contra la corrupción, un mal que carcome a las instituciones colombianas. En ese mismo escrito sugerí que la CorteIDH había hecho caso omiso al diálogo entre cortes, pues estaba claro que las decisiones de la Procuraduría podían ser controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En cumplimiento de la orden de la CorteIDH de reformar el ordenamiento jurídico colombiano en lo que corresponde a las sanciones disciplinarias, la Procuraduría General propuso un proyecto de ley que supuestamente corregiría los errores del actual procedimiento disciplinario. Sin embargo, la ley que fue aprobada esta semana no solo es contraria a la Convención Americana sino a la Constitución Política de Colombia.

Es inconvencional e inconstitucional porque le atribuye funciones propias de la rama judicial a un órgano administrativo. También lo es porque se tramitó en el Congreso como una ley ordinaria, cuando por la naturaleza del proyecto -que tiene efectos directos sobre los derechos políticos-, debió tramitarse como ley estatutaria. Es un proyecto que tratando de cumplir con una reforma, ignora que la nueva estructura de la Procuraduría solo desdibuja cada vez más el cumplimiento de los estándares establecidos por la Corte.

Ahora, el Congreso, que esta semana aprobó un sinnúmero de proyectos de ley a pupitrazo, desconectado de la realidad decide aprobar una reforma que a todas luces le resulta costosa al país y que no resuelve el problema de fondo. Habría sido más coherente proponer una reforma que fortaleciera el control que ejerce el contencioso administrativo sobre las decisiones de la Procuraduría, o que se invirtiera el presupuesto que implicará poner en marcha esta reforma en el fortalecimiento de la capacidad institucional de la justicia penal colombiana.

El miedo de los colombianos es que nos convirtamos en la Venezuela de Chávez y de Maduro; una dictadura en la cual lo primero que se desconoció fue la vigencia de los derechos políticos de todos aquellos que no estuvieran a favor del régimen. Si ese miedo nos acecha constantemente, no es entendible que se adopten reformas que le atribuyen mayores poderes a órganos que, por su naturaleza institucional, no cumplen con el núcleo esencial del ejercicio de la justicia como una rama del poder imparcial e independiente. Esta reforma es cara per se, pero resultará aún más cara cuando sancionen al Estado colombiano por intentar salirse por la tangente con una exigencia clara y expresa del Sistema Interamericano.

@tatidangond

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