Parece que fue ayer que el Gobierno nacional anunció la intervención de Air-e y nos la vendió como una suerte de redención. Sin embargo, a año y medio de la toma forzosa de la empresa, su promesa de rescatarla financieramente y estabilizar la prestación del servicio eléctrico todavía sigue sin materializarse. Lejos de disiparse, las dudas sobre el rumbo de la compañía crecen a medida que pasan los meses sin que la Superintendencia de Servicios Públicos explique con claridad cuál es la estrategia o el plan de solución estructural que ha construido para sacarla de la profunda crisis que motivó, precisamente, su toma de control.

En consecuencia, lo que debía ser un proceso de recuperación integral se ha convertido en una prolongada incertidumbre que hoy causa gran preocupación no solo entre los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira —más de 1,3 millones de clientes que equivalen a unos cinco millones de habitantes—, sino también entre los actores claves del sector energético.

La reciente solicitud elevada por la Procuraduría General a la Superservicios para que amplíe y precise información sobre las alternativas de salvamento de Air-e es una señal inequívoca de esa inquietud. Sin ambages, el ente de control asegura que las respuestas entregadas hasta ahora son insuficientes y poco claras. En particular, no se han detallado las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la empresa ni las razones que expliquen la sucesión de cinco interventores durante este tiempo, una rotación que pone en entredicho la continuidad administrativa y la coherencia en la adopción de las decisiones pertinentes.

Esta rotación tan vertiginosa difícilmente puede ser compatible con una estrategia seria de recuperación empresarial. El asunto se cae por su propio peso, porque más inquietante que la inestabilidad administrativa de Air-e o las cuestionadas actuaciones de sus interventores, que deberán responder ante la Fiscalía, es la ausencia del tan esperado plan de salvamento. Es de suponer que si la Superintendencia lo tuviera estructrurado, ya lo habría presentado a la Procuraduría y a la región Caribe. El silencio oficial, la falta de transparencia y, en especial, la opacidad en torno a la situación financiera de la compañía solo alimentan la sospecha de que el Gobierno, en realidad, carece de una hoja de ruta clara para rescatarla.

Entre tanto, los indicadores financieros de Air-e continúan en declive. Un informe conocido por EL HERALDO revela que la deuda total de la empresa asciende a más de $3,6 billones, de los cuales $1,7 billones se acumularon tras la intervención estatal. Su incontestable crisis profundiza la del resto de la cadena energética, a la que el Estado le debe $9,2 billones, incluidos $2,1 billones de Air-e. Ese deterioro económico y operativo acentúa el riesgo de apagón técnico. Demoledor diagnóstico que coincide con una nueva alerta de la Contraloría sobre un posible racionamiento energético e incrementos de precios en combustibles y luz.

Air-e es una amenaza creciente para la cadena energética y el Gobierno lo desestima de manera descarada. Los generadores siguen suministrándole energía, pero no por confianza en su solvencia, sino porque una circular de la Superintendencia les prohíbe dejar de hacerlo con empresas intervenidas bajo amenaza de sanciones. Una disposición hecha a la medida de Air-e para mantenerla respirando. En la práctica está claro que se trata de un mecanismo de presión que obliga a compañías privadas a asumir un riesgo financiero cada vez mayor.

Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿realmente el Gobierno tiene la intención de rescatar a Air-e o solo gana tiempo —con cálculo político— para trasladar el problema a la próxima administración? Porque cada día que pasa sin una solución, se confirma que la intervención ha sido peor que la enfermedad que pretendía curar, a juzgar por sus dramáticos balances.

Han sido tantos los tumbos que han dado durante este tiempo que la incertidumbre ya es el principal activo de la intervención. No cabe duda de que el vacío inducido por el Gobierno, que tomó el control de Air-e sin saber cómo proceder, atenta contra su futuro. O lo que es lo mismo, contra la continuidad del suministro de energía para millones de usuarios del Caribe y la estabilidad de la cadena de pagos del sistema. ¿Será que con la mirada puesta en derroteros electoralmente más rentables, el Ejecutivo trabaja en un plan serio, viable y transparente para salvar la empresa? Porque si no es así, su liquidación podría estar a la vuelta de la esquina. Y sin alternativas le corresponderá al próximo gobierno buscar salidas a una debacle cantada. Valdría la pena que los presidenciables redefinieran sus prioridades.