Ideológica y jurídicamente el debate sobre la dignidad de los animales y sus derechos en Colombia ya está zanjado, pero su reconocimiento efectivo se hace nulo de cara al proceder de las entidades públicas.
La situación de abandono de gatos en Santa Marta, la crueldad con la que son tratados y la ausencia de un programa institucional, es un claro ejemplo de cómo el sector público ha ignorado su obligación legal de proteger a los animales.
La discusión sobre los derechos de los animales ha tenido una gran evolución en el país, pasando de una lógica donde la falta de racionalidad era considerada como una causal para asumir la ausencia de su dignidad, a un estadio donde los animales poseen derechos intrínsecos. Esta postura sostenida en el 2012 en el Consejo de Estado, por el magistrado ponente Enrique Gil Botero, reformula una tesis errada de la justicia social, adoptando la postura defendida por Martha C. Nussbaum frente a la justicia para los animales no humanos.
En síntesis, lo expuesto no deja espacio a duda sobre la obligatoriedad en el respeto de los derechos de los animales, lo cual en un Estado moderno implica el desarrollo de políticas públicas y planes para su efectividad. Sin embargo, parece que esto no es suficiente para entes territoriales, como la Alcaldía de Santa Marta, que a pesar de las incesantes peticiones que le han hecho para que tome acción en la protección de los animales abandonados en las calles de la ciudad, se ha hecho de la vista gorda desconociendo que es su obligación ejecutar un plan para la protección de estos animales.
La situación de los gatos en Santa Marta no es desconocida para nadie, desde turistas que se quejan al verlos en las calles desnutridos o ad portas de morir, hasta denuncias de envenenamientos masivos que han dejado hasta un centenar de gatos muertos. Sobre las posibles razones que podría tener la Alcaldía para no ejecutar un plan que represente un verdadero impacto sobre la protección animal, valdría la pena referirse a alguno. Tal vez, a juicio de esta entidad hay problemas sociales que requieren una mayor atención e inversión pública, lo que en principio impide que sus funcionarios públicos se preocupen de un tema “menor” como lo son los gatos dejados a su suerte. La gestión pública siempre se va a ver enfrentada a estos dilemas, pero lo cierto es que una buena administración no podría excusarse en ello para no cumplir sus obligaciones, porque de hacerlo, simplemente sería una mala administración.
Hay que dejar claro que existe una corresponsabilidad en la protección de los animales entre las entidades públicas y la sociedad civil, pero quien tienen la capacidad administrativa y financiera para desarrollar un plan efectivo de protección animal es, en el caso de Santa Marta, la Alcaldía.
Se muestra una falla en el entendimiento de los derechos de los animales; estos no son el resultado de valores cosméticos, por lo que su protección no se da por compasión o humanidad, sino por su dignidad intrínseca. Este asunto que por alguna razón infudada algunos han considerado problemas “light” de la sociedad, no puede ser más relevante e importante para la consolidación de un sistema justo y equitativo.
@tatidangond
