Aunque nadie lo reconozca, todo el mundo sabe que la cadena perpetua existe en Colombia desde Santander, quien para enredar a Bolívar afirmó que las armas sí, funcionaron para alcanzar la independencia, pero que las leyes nos darían la libertad. Desde entonces dejamos de ser libres. Nuestro sistema judicial santanderista es cada vez más enredado, más lento y más ineficiente, millones de casos en los anaqueles de los juzgados sin esperanza de trámite, mientras muchos demandantes fallecen esperando fallo. O sea, cadena perpetua.
Las leyes otorgan argumentos para todo, y son miles los expertos juristas para que sí y para que no, e insalvables los recursos dilatorios, recusaciones, e interpretaciones que permiten mantener en aguas medias cualquier caso judicial sin una definitiva decisión que, claro, podrá ser repetidamente impugnada.
Por ello en la cumbre de Asocapitales los alcaldes coincidieron en que los problemas de inseguridad se originan en una reincidencia delictiva impune. Que cuando capturan a algún malandro, muestra hasta diez entradas y, claro, nueve salidas casi inmediatas que lo liberan para volver a delinquir. “Que algún juez nos diga cuáles son sus innumerables barreras jurídicas para poner a los malandros tras la rejas” pidió el alcalde Pumarejo, y que se unifiquen los criterios para interpretar la ley, pues cambian entre un municipio y otro, y de un juez a otro, aunque todos terminan soltando al capturado, no importa que lo sea varias veces y por diferentes delitos. Son, sostienen los jueces, las garantías que la Constitución y la ley contemplan.
Como todo juez aspira a llegar a Magistrado, para lograrlo tiene que actuar imitándolos, ya que son los jerarcas. Pero resulta que éstos cambian de norte a su antojo, son felices de estar por encima del Congreso, se dan el lujo de legislar y de actuar contra el sentir general de la gente, e impertérritos ejercen su tiranía judicial. Entonces, si los jefes actúan al garete, pues ellos también, no importa el incremento de la delincuencia urbana.
Por ello no sorprendió lo de los 6 magistrados que, con ponencia de una mujer, se impusieron sobre los 3 colegas decentes, y tumbaron la ley que establecía cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Como si no tuvieran nietos calificaron al Proyecto de “populismo punitivo”, y desvergonzadamente salieron en defensa de las garantías y, peor, de la “dignidad humana” de los condenados, ¡hágame el favor! como si las víctimas no tuvieran derechos, garantías, ni dignidad, y como si no se tratara de impedir que el condenado repita delito contra otros menores, que en Colombia hay más de mil detenidos reincidentes en la comisión de delitos sexuales contra menores de edad, y que de vuelta a las calles serán mil potenciales agresores de niños.
Pareciera una misión asumida para desbaratar principios y valores, misión que se refleja en la escasa credibilidad hacia el poder judicial. Algo debe poder hacerse. Urge una reforma total, práctica y sensata que nos devuelva la seguridad jurídica y física.
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