En la columna anterior abreviamos cuatro plagas de nuestra economía: disparidades regionales, informalidad laboral, costos tributarios empresariales y baja productividad. En esta sintetizamos las otras tres: el incremento de la economía ilegal, la concentración de exportaciones energéticas y el descuadre del sistema pensional. En conjunto esos siete males constituyen un pesado lastre para el crecimiento económico, indispensable para apurar el paso del progreso social.

La economía ilegal resurgió con virulencia en los últimos cinco años. Luego de una década de esfuerzos y logros, la producción estimada de clorhidrato de cocaína se redujo a un mínimo en 2013. Sin embargo, a finales de 2017, esa cifra, aupada en los brazos del proceso de paz, se había cuadruplicado. Los daños ambientales, económicos y sociales son incalculables. No solo por sus abultadas dimensiones sino por la violencia que exige el control territorial del área cultivada y por los procesos de corrupción que entraña el lavado del dinero producido. Incluso empresas líderes de diversos sectores no son conscientes de que si aprietan mucho las condiciones de precios y de pago a las medianas y pequeñas, contribuyen a abrir los poros por donde el dinero ilegal penetra la economía formal, desplazando o apropiándose de numerosas empresas que se convierten así en camuflaje de organizaciones criminales.

La concentración de exportaciones de petróleo y carbón han sido señaladas como culpables de otra plaga llamada enfermedad holandesa. Esta ocasiona la revaluación del peso, que a su turno deteriora la competitividad de las exportaciones de los demás sectores, al tiempo que vuelve más competitivos los productos importados en el mercado interno, un doble golpe al agro y la industria local. Las exportaciones de aquellos dos rubros energéticos pasaron de 6.000 millones de dólares en 2004 a 24.000 millones en 2018, un crecimiento del 400%, y de representar un 36% de las exportaciones totales en el 2004 al 58% en 2018. Pero en realidad el mal no radica tanto en ese incremento, sino en la anemia de las exportaciones no tradicionales, que solo crecieron un 60% en esos mismos 14 años.

Finalmente encontramos la crisis del sistema pensional. De cada 100 colombianos, 40 están en edad de trabajar. De ellos 23 están ocupadas, pero solo 12 en el sector formal. Los demás no aportan. Con el incremento de la vida esperada y la disminución de la natalidad, cada vez hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar y uno mayor de personas en edad de jubilación. El sistema solo cubre a una de cada tres de estas. Sin una reforma que incremente e iguale las edades de jubilación, o aumente las cotizaciones, o disminuya las mesadas con relación al ingreso previo a la jubilación, o incremente el requisito del número de semanas cotizadas, o cualquier combinación de las anteriores, el sistema resulta, además de inequitativo, insostenible.

Continúa: ¿Qué hay en el nuevo Plan de Desarrollo para atender esas siete plagas?

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