En la sociedad colombiana, incluso en los momentos más duros del terrorismo de Escobar, había un acuerdo mayoritario para repudiar el narcotráfico y una decisión política para enfrentar con energía a los violentos. Un acuerdo con los violentos era posible siempre que los responsables de crímenes internacionales pagaran con cárcel, aunque fuera una pena reducida. El narcotráfico no era indultable o amnistiable ni podía considerarse como conexo a los “delitos políticos”.

Con el acuerdo con las Farc se hizo añicos el acuerdo mayoritario: un sector social y político importante aceptó que los guerrilleros culpables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no pagaran ni un día de prisión, permitió que se le rompiera el espinazo a la rama judicial y que la guerrilla escogiera a sus juzgadores, y auspició que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los “políticos”.

Pero fue peor. Para ese sector alcanzar un acuerdo con las Farc e implementarlo ameritó cualquier costo. Tres, en particular, fracturaron de manera profunda a la sociedad colombiana. Por un lado, la violación de la democracia. Por el otro, la manipulación del orden jurídico. Tercero, la ruptura de los sistemas de independencia de las distintas ramas del poder público y de frenos y contrapesos.

En efecto, Santos y las Farc, se pasaron por la faja la voz del pueblo, expresado en el triunfo del No en el plebiscito. La bendición en el Congreso y en la Corte Constitucional a semejante aberración solo dio apariencia de legalidad, pero no cambió en nada su déficit de legitimidad.

Santos y sus aliados cambiaron las reglas de juego del plebiscito, manosearon la Constitución y, a punta de contratos, acceso al presupuesto, financiación ilegal, y clientelismo descarado, subordinaron a la Constitucional y al Congreso. El fin justificó todos los medios.

El acuerdo básico sobre los mecanismos para luchar contra el narcotráfico se hizo pedazos. Hoy muchos se oponen no solo a la aspersión aérea sino a la erradicación forzada y, además, a la extradición como un instrumento indispensable contra los narcos.

El resultado está a la vista. Un sector mayoritario de la sociedad, expresado en el No y en la victoria de Iván Duque en las presidenciales con una propuesta de modificaciones sustantivas al acuerdo con las Farc, se niega a aceptar que no pueda modificarse el orden jurídico e institucional resultante de ese pacto. El santismo y sus aliados lo califican de enemigos de la paz. Muchos aplauden que los criminales internacionales de las Farc vayan al Congreso sin ganarse las curules en las elecciones y les parece bien que se acuse a Uribe o a Duque de asesinos, aunque sobre ellos no haya proceso ni condena alguna por semejantes delitos.

Si, la sociedad está altamente polarizada y no hay motivos para pensar que tal polarización vaya a cesar.