Los grupos armados organizados no son sujetos del derecho internacional y no tienen personalidad jurídica internacional. Solo los que participan en un conflicto armado no internacional (Cani) tienen derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario (DIH). No tienen más derechos que esos.

Los grupos armados organizados que participan en un conflicto armado no internacional no son en principio grupos “beligerantes” y no pueden celebrar tratados. Por tanto, es absolutamente falso que los pactos que los gobiernos hagan con ellos sean tratados y generen obligaciones internacionales.

Por otro lado, es verdad que los jefes de Estado representan internacionalmente a sus naciones y que sus actuaciones y declaraciones, incluso las verbales, vinculan y obligan a esos países. Pero en tanto que, repito, los grupos armados organizados no son sujetos del derecho internacional y solo algunos, los que participan en un Cani, lo son del DIH y solo para cumplir las obligaciones del DIH, lo que hagan, digan y pacten los jefes de Estado en relación con esos grupos no es relevante desde la perspectiva del derecho internacional.

Por si hay alguna duda, repito que ni las Farc ni el Eln son grupos “beligerantes” a la luz del derecho internacional y, por tanto, no son sujetos de este, no pueden celebrar tratados y solo pueden exigir y cumplir derechos y obligaciones a la luz del DIH. Nada más.

Los grupos armados organizados, incluso los que participan en un Cani –como las Farc y el Eln–, sí pueden ser objeto de la aplicación de la ley del Estado y sus miembros pueden ser investigados, juzgados y condenados penalmente.

De manera que los pactos con las Farc y el Eln no son jurídicamente vinculantes. Su naturaleza es estrictamente política. El incumplimiento de lo pactado no genera ninguna carga o responsabilidad jurídica internacional para el Estado y no se le puede exigir jurídicamente al Estado que los cumpla.

Así que es falso que el gobierno de Duque esté “vinculado internacionalmente por las actuaciones de los gobiernos precedentes y por ello en principio debe cumplir con el protocolo que el gobierno Santos había asumido”. Esos pactos y protocolos no obligan, ni desde el derecho interno y mucho menos desde el internacional, sino cuando el nuevo gobierno decida asumir esos pactos como propios. En ese caso, las obligaciones no son internacionales sino internas y son solo políticas y no jurídicas.

El gobierno de Duque no tiene pues la obligación jurídica de cumplir con un protocolo que no firmó y que no sabemos aún si conocía. Cosa distinta son las consecuencias políticas de esa decisión. Pero eso es otra discusión.