La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a la triste realidad de nuestro país, cuando vemos en televisión la manera tan agresiva como atracadores armados despojan de manera amenazante a ciudadanos inermes a los que les toca entregar sus pertenencias para salvar algo mucho más valioso como lo es la vida misma, y también que esos atracadores cuentan regularmente con 10, 15 o más anotaciones judiciales, por lo que deducimos que tampoco irán a la cárcel por el atraco que es noticia de hoy.

Pero lo que sí es realmente aberrante es que el atracador no sea un delincuente de los que en este país pululan, sino que en un hecho sin precedentes, el atracador al que hoy me referiré sea el mismo Gobierno, y que este anuncie desde la fría capital y con antelación, a quienes va dirigido el atraco, cómo lo va a hacer, inclusive a cuánto ascenderá el monto y hasta cómo invertirá el botín. Ya eso muestra el grado de desprecio y animadversión hacia la inerme víctima. Y como ya sabemos que los atracadores se aprovechan de los que consideran menos riesgosos, entonces entendemos porqué la víctima será caribe con énfasis en nuestra muy maltratada ciudad.

Creo no haber exagerado al describir de esta manera la decisión del anterior Ministro de Transporte, William Camargo, continuada por la actual, María Constanza García, de afectar mediante gravamen de valorización a la totalidad de los predios cercanos a tramos de la inconclusa y remendada Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, y a la llamada Circunvalación de la Prosperidad, únicas vías de Colombia en donde desarrollarán ese “laboratorio”. ¡Qué casualidad! Que con tremendos desarrollos viales a lo largo y ancho de la zona andina, con túneles y viaductos, sea esta inconclusa vía plana, además afectada por interrupciones y cierres, la escogida por ese ministerio, y de la que de unos muy menguados bolsillos costeños pretende hurtar “de manera legal” $2 billones a propietarios de 240.000 predios. Regularmente la valorización es una herramienta financiera legal para ejecutar una obra pública, y en esos casos para financiar dicha obra, se hace un derrame sobre predios que se valorizarán con la misma. Pero no para obras total o parcialmente construidas hace años, y menos para recaudar fondos para otros destinos. Así suene fuerte, más que un vil atraco es una perfecta bellaquería planeada. ¡Y con sevicia!

En el Congreso he escuchado voces en contra de este adefesio, como las de Antonio Zabaraín y la de Carlos Meisel, solicitando que se desmonte totalmente ese muy injusto proyecto. Hay que actuar unidos. No es momento para sugerir que su recaudo se invierta acá, sino para exigir el desmonte del mismo, o si no, que el pretendido laboratorio lo adelanten en cualquier vía, pero del interior del país.