La región Caribe atraviesa una crisis energética estructural que amenaza seriamente su desarrollo. Aunque en las últimas décadas ha crecido su actividad comercial e industrial, acompañada de una acelerada urbanización, el sistema eléctrico no ha respondido a ese dinamismo. Según la UPME, se proyecta un aumento anual del 4 % en la demanda energética hasta 2038, una cifra crítica si se considera que esta región ya representa el 25 % del consumo del Sistema Interconectado Nacional.

El rezago en infraestructura, la insolvencia de los operadores y la falta de inversión están pasando factura. A las dificultades para recaudar pagos en algunas zonas se suman los retrasos en subsidios estatales. La expansión y modernización de redes avanza con lentitud por trabas regulatorias, ambientales y sociales. Las pérdidas no técnicas —energía que se pierde por conexiones ilegales o fraudes— siguen siendo uno de los principales factores detrás de las altas tarifas. A mayo de 2025, los usuarios del Caribe pagaban, en promedio, un 11 % más que el resto del país.

El apagón del pasado 17 de junio en Barranquilla, que dejó sin luz a hogares, hospitales y comercios durante casi cuatro horas, es un síntoma elocuente de este deterioro. Más allá de la incomodidad, estos eventos generan cuantiosas pérdidas económicas. En Atlántico, cuyo PIB fue de $45 billones en 2024, una sola hora sin energía puede traducirse en pérdidas por más de $5 mil millones. Sin un servicio confiable, la región pierde competitividad, se alejan las inversiones y se profundizan las brechas sociales.

La solución no puede seguir siendo apagar incendios. Esto implica resolver de fondo la situación de Air-e –mediante liquidación o reestructuración–, saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza ciudadana. También exige el pago oportuno de los subsidios acumulados, rediseñar el esquema operativo con condiciones diferenciales —altas temperaturas, pobreza, expansión urbana— y mayor corresponsabilidad entre el Gobierno nacional y los entes territoriales. Además, se deben fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial.

La crisis energética del Caribe no es un problema técnico, es una deuda histórica con millones de ciudadanos que, pese a pagar las tarifas más altas, reciben un servicio precario e inestable. Superarla exige decisiones estructurales, voluntad política y una visión de largo plazo. La energía debe dejar de ser un obstáculo y convertirse, por fin, en motor del desarrollo regional.

* Directora Ejecutiva Fundesarrollo