Semanas atrás fuimos sorprendidos por el anuncio del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que autorizaba el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en el país centroamericano.  Como es propio del publicista, el anuncio logró posicionar a El Salvador como uno de los países más consultados en el último mes. En un contexto mundial donde las TIC’s y el Big Data se posicionan como dos de los insumos más poderosos en materia gubernamental, ¿Se trata de un esfuerzo desesperado por crear una nueva imagen de El Salvador o, por el contrario, es una política que acentuará la corrupción? 

Para comenzar, es necesario comprender las paradojas de esta medida: El Salvador es un país pequeño, con un poco más de 6 millones de habitantes, tiene una tasa de analfabetismo cercana al 12% y la conectividad al internet es solo del 45%. Por tanto, una idea revolucionaria y que cualquier entendido en los negocios evaluaría como “necesaria” para este siglo, ha pulsado los mayores miedos en una sociedad que además de estar pauperizada por años de violencia y corrupción, cuenta con una deficiente infraestructura para digitalizarse y, además, no sobresale en la educación básica (muchos menos en la financiera). Luego, se implementa la posibilidad de pagar con Bitcoin sin que al menos, un cuarto de la población sepa sus ventajas, riesgos o cómo hacer una transacción. 

Un segundo aspecto se relaciona con los niveles de corrupción que enfrenta el país y la facilidad que esta medida le entrega a quienes desean “blanquear” dineros provenientes de actividades ilícitas, a la par de excluir a quienes no están capacitados en este medio de pago. Por tanto, la democratización del bitcoin que ciertamente es una -no “la”-forma para promover el acceso al mercado financiero de la población, tiene la contracara de excluir a los analfabetos tecnológicos y acentuar rápidamente los desequilibrios macroeconómicos, en tanto se agudizan los oligopolios. 

Finalmente, aunque Bukele cuenta con elevados niveles de aprobación entre la ciudadanía, esta medida ha traído consigo protestas que en su conjunto han servido para cuestionar su forma de hacer política y de relacionarse con otras instituciones del poder. Es posible que en aras de mantener la gobernabilidad el presidente retrase la implementación de la política; sin embargo, ¿cuánto más tardarán otros países en sumarse a iniciativas como estas?  Más allá de las intenciones y del espíritu renovado e idealista que caracteriza a la juventud, y que con frecuencia alude Bukele, no podemos olvidar que, avanzar en medidas que con amplias mayorías rechaza la sociedad civil pocas veces ha terminado bien en la historia. La soberbia de Bukele por persistir en lo que considera “innovador” puede ser su talón de Aquiles. Quizás si el proyecto se planteara como una visión de mediano/largo plazo, que estará condicionada al impulso educativo y tecnológico, la idea que, sin duda, pronto tendremos que considerarla en Colombia, no generaría tanta resistencia, no hacerlo es jugar con fuego y como decían nuestras abuelas “no juegues con fuego, si no quieres quemarte”.