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Opinión

Vecindario en llamas

Lo que empezó en octubre con el reclamo ciudadano por el alza del pasaje del metro, fue la gota que rebosó un vaso lleno de inconformidades y necesidades sociales, que se extendió a una movilización masiva de la sociedad que ha llevado a la parálisis de Chile.

Las reclamaciones están relacionadas con la enorme brecha social, los bajos salarios, las pensiones paupérrimas, los costos educativos, la crisis en la salud, entre otros. Todas ellas son de carácter estructural y definidas como de alto impacto en lo social y económico. Ante la presión de la gente, han sido reconocidas por el presidente chileno, Sebastián Piñera, como “legítimas demandas sociales” y lo llevaron a proponer un plebiscito, que ya fue aprobado por el Congreso, para reformar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Hoy, dichas protestas dejan 22 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

En Bolivia también se presentaron intensas manifestaciones por denuncias de irregularidades en la elección presidencial que daba como ganador, nuevamente, a Evo Morales, y lo obligaron a dimitir. En Bolivia se conjugó lo peor que le puede pasar a una democracia: un mandatario que pretende perpetuarse en el poder y una intervención militar que termina marcando el rumbo del país.

Hace pocos meses, Ecuador vivió una revuelta liderada por la población indígena, con un saldo de 8 muertos y más de 1.500 heridos, a raíz del decreto que eliminaba los subsidios del combustible y elevaba sus costos, suprimido después por el Gobierno de Lenín Moreno.

El pueblo venezolano viene marchando consuetudinariamente desde 2017 y luchando contra un Gobierno que se perpetuó en el poder, una batalla que ha dejado centenares de muertos.

La corrupción, la pobreza y la profunda desigualdad, entre otros factores, han fracturado nuestras sociedades, polarizándolas y llenándolas de incertidumbres, con gran inestabilidad política. El desfogue han sido las marchas, los levantamientos sociales y los paros agravados con la presencia de anarquistas, empeorando aún más la situación económica y social de los países. Es necesario llegar a acuerdos sociales y dar inicio a la superación real de los estigmas que corroen la sociedad latinoamericana.

Los colombianos debemos aprender de las lecciones experimentadas por nuestros vecinos, sobre todo por el caldo de cultivo que representan los padecimientos sufridos en más de 50 años del conflicto armado y fenómenos relacionados como la violencia, el narcotráfico, la desigualdad y la pobreza extrema.

La violencia en la protesta ciudadana nunca será justificable como medio para lograr los objetivos pues, finalmente, es la misma comunidad que reclama la perjudicada con estas conductas. Se necesitan políticas públicas de largo plazo que actúen sobre las causas reales de las problemáticas y  estrategias de corto plazo que atiendan los reclamos de la población desesperada.

Estamos a tiempo de reinventarnos como sociedad, sin caer en el abismo de la violencia social generalizada.

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