Arrojar a la basura los alimentos que se dañan después de estar guardados en una alacena es, para muchos hogares, algo normal y frecuente; quizás son olvidados y nadie se detiene a mirar su fecha de vencimiento para usarlos en el tiempo preciso o donarlos. Igualmente, no nos inmutamos al botar diariamente una buena parte de los alimentos que preparamos en casa.

Aunque es muy común que esto suceda, no genera preocupación alguna en las personas ni en las familias y pareciera no trascendente. Equivocados estamos, pues resulta que en Colombia las estadísticas de desperdicio de comida son muy elevadas. El Departamento Nacional de Planeación define que 9,7 millones de toneladas de alimentos se pierden anualmente en la producción, el almacenamiento, la comercialización y las casas, después de ser adquiridas. Al comparar este dato con otro revelado por la FAO sobre la cantidad de personas subalimentadas en el país, el panorama es aterrador y absurdo. Son nada menos que 3,2 millones de colombianos que padecen privación crónica de alimentos.

Según el organismo de la ONU, las pérdidas y desperdicio de alimentos son causantes de la producción de 3,3 gigatoneladas de CO2 en el mundo, lo que genera un impacto directo y perjudicial sobre el medioambiente.

Por ello es plausible que el Congreso esté discutiendo un proyecto de ley que define una normatividad para evitar la pérdida de alimentos y una política pública para el aprovechamiento de estos recursos a fin de aliviar las duras condiciones de las personas que padecen hambre. Con más razón en esta época en que Colombia se ha convertido en uno de los principales países receptores de venezolanos que están abandonando su país en el que es considerado uno de los grandes éxodos en América en los últimos tiempos; cifras oficiales indican que por lo menos un millón de venezolanos permanecen en nuestro territorio.

El mencionado proyecto pretende establecer medidas para reducir el desperdicio y reglamentar la donación de alimentos, de manera que la comida que no se venda y se encuentre en buen estado pueda ser utilizada por las instituciones dedicadas a entregarla a los más necesitados, como los bancos de alimentos o las sociedades sin ánimo de lucro. Conociendo las condiciones de pobreza existentes en el país, es un imperativo la aprobación de esta iniciativa para frenar el desperdicio. La medida cobijaría a personas naturales y jurídicas, privadas, nacionales o extranjeras.

Independientemente de estas medidas, tenemos el deber de implementar soluciones desde el seno de cada hogar. Empezar por donar la comida que no vamos a usar es absolutamente necesario; en el mismo vecindario o a un banco de alimentos. Es un verdadero problema de salud pública que representa un enorme desafío para todos como sociedad. Nuestro aporte individual debe ser superar nuestra conducta irracional consumista y lograr una cultura de responsabilidad alimentaria y de solidaridad ciudadana.