La pandemia del COVID-19, aunque ha traído muchos males, ha abierto la oportunidad para poner al desnudo la degradación ética y moral de quienes roban y desgreñan la Nación. Haciendo gala de un cinismo grande y, de una conducta temeraria, con sus actuaciones anunciaron que aún en las situaciones colectivas más extremas como la actual, iban y podían seguir saqueando al País. Ni en tan duros momentos, mostraron un mínimo sentido de humanidad y de patria. Fueron tantas sus actuaciones irregulares en el marco de la emergencia, tan extendidas por la geografía nacional, que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expresó en el mes de abril que lo registrado fue una “avalancha de corrupción”. En ese marco, su institución abrió 1286 actuaciones por irregularidades encontradas, siendo acompañada por la Contraloría, la cual inició investigaciones contra 26 gobernaciones y 67 alcaldías.

Los corruptos, que solo piensan en sí pasando por encima de los demás, se valieron de una calamidad pública nacional y mundial como la actual, para hacer de los recursos públicos una piñata donde se enriquecen a manos llenas a costa del bienestar de todos. Sus redes corruptas de apropiación ilegítima de lo público, hechas de un lado, de políticos, gobernantes, directivos, funcionarios y asesores que faltan a su deber, y de otro, de contratistas y/o empresarios que faltan a su compromiso de crear valor con honradez, roban los recursos escasos y necesarios para sacar adelante a millones de colombianos, hoy más que nunca, amenazados en lo económico y lo social.

La pandemia nos ha permitido evidenciar lo que algunos especialistas llaman la Captura del Estado. Esta refiere a que actores con intereses indebidos e ilegítimos lo apropian o influencian para crear, aplicar y modificar reglas legales y adoptar decisiones encaminadas a favorecer a sectores poderosos en detrimento de la mayoría de la población. Todo con una apariencia de legalidad, en el marco de un discurso que invoca el interés general y donde se esgrime no violarse la normatividad, aunque sí, trayendo como consecuencia la vulneración de la ética pública y el bienestar general.  Para ilustrar lo referido, se trae a colación un caso acontecido en el marco de esta emergencia. Se trata del anuncio hecho por el gobierno nacional mediante el Decreto 486 del 27 de marzo de 2020, en el cual se pretendía, entre otras medidas, dar alivios a pequeños y medianos productores agropecuarios. No obstante, la Contraloría encontró que “la mayoría de estos rubros quedo en manos de grandes agroindustriales y comercializadores, recursos que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos”. Es demasiado pronto para conocer todo el entramado que posibilitó ese desvió de recursos. No obstante, mientras se devela, al actual ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, ha sido vinculado a una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades encontradas.

Hay que cortar de raíz a la corrupción la cual no da y nos deja sin respiro, al igual que, el COVID-19. Para ello, entre otras medidas, debe avanzarse en una reforma que garantice la financiación de la totalidad de las campañas políticas por parte del Estado. Acabar así, con la entrega indebida de recursos públicos que políticos una vez salen electos hacen a sus patrocinadores de campaña. Sin embargo, la primera lucha, en manos de todos, es con el voto en próximas, elecciones dejar fuera de juego a quienes están haciendo fiesta con nuestros recursos públicos. Persuadidos de su degradación ética y moral, tenemos que decirles: NO MÁS.

*Docente de carrera e investigador de la ESAP