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Seguridad a tres bandas

El replanteamiento de la estrategia de seguridad requiere un plan de choque a corto y mediano plazo que determine como parte de esta estrategia de intervención contra el delito, medidas de judicialización efectivas que prioricen acciones contundentes en función de al menos tres criterios: Uno, a partir de la peligrosidad del perpetrador y/o su papel al interior de estas estructuras criminales. Otro, a partir de la sonoridad del delito en aquellos casos particularmente emblemáticos. Finalmente, frente a esas causas en las que se tiene un mayor recaudo probatorio para obtener sentencias.

El Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana viven un complejo escenario de inseguridad as partir del deterioro sostenido de los principales indicadores, entre ellos el homicidio y la extorsión. Esta situación había sido advertida en el informe recientemente publicado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Barranquilla de la Universidad del Norte.

El reciente asesinato de tres conductores de buses ha sido el detonante de una circunstancia de miedo, inseguridad y crisis de gobernabilidad, que ha dejado semiparalizada a la capital del Atlántico y a varios de sus municipios.

Por ende, es imperativo la articulación de esfuerzos en pro de desarrollar y coordinar una estrategia de intervención contra el delito a partir de estas realidades. Desde la academia, estamos para ayudar en propuestas que tengan dimensión práctica a partir de tres enfoques.

Primero, para enfrentar esta problemática, hay que entender la dimensión del problema y de aquellos dinamizadores que participan en cada nivel de este ciclo de violencia, pues no todos ellos son iguales.

En el nivel más alto, inciden estructuras criminales organizadas que tienen capacidades operativas transnacionales y se encuentran ligadas a las principales economías ilegales a nivel regional. En el segundo nivel, están las bandas delincuenciales locales semi-organizadas, que son contratadas para ejercer acciones tercerizadas en favor de las anteriores. Estas bandas locales, aunque no cuentan con los mismos alcances, si mantienen relaciones directas con ellas en virtud de una contratación de servicios para desarrollar acciones de cuenta de cobros, intimidación, asesinatos, entre otros. En el tercer nivel, el más subyacente, encontramos delincuencia común que sale a pescar en rio revuelto, y que puede decir estar afiliada a alguna de estas estructuras anteriores para generar miedo y obtener réditos de sus actividades delictivas de menor escala.

Segundo, el tiempo apremia. El replanteamiento de la estrategia de seguridad requiere un plan de choque a corto y mediano plazo que determine como parte de esta estrategia de intervención contra el delito, medidas de judicialización efectivas que prioricen acciones contundentes en función de al menos tres criterios: Uno, a partir de la peligrosidad del perpetrador y/o su papel al interior de estas estructuras criminales. Otro, a partir de la sonoridad del delito en aquellos casos particularmente emblemáticos. Finalmente, frente a esas causas en las que se tiene un mayor recaudo probatorio para obtener sentencias.

Tercero, se requiere un replanteamiento del AISEC (Análisis Integral de Seguridad y Convivencia) en aras de orientar eficientemente, la gestión estratégica del servicio de Policía. Esto es imperativo para integrar herramientas que potencialicen la gestión operativa de los principales articuladores en materia de seguridad y la toma de decisiones con base en evidencia científica del más alto rigor técnico y académico.

Ha quedado demostrado que estos flagelos nos afectan a todos como ciudadanía en general. El tiempo apremia, este puede ser el último cartucho que queda en aras de replantear una estrategia integral y metropolitana contra el delito para los actuales mandatarios.

@janielmelamed

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