En días pasados el profesor Ramiro Bejarano Guzmán escribió en el periódico especializado Ámbito Jurídico que le parecía mal y violatorio del principio de buena fe que se verificara la vigencia de la tarjeta profesional de los abogados por parte de los jueces o que la Comisión de Disciplina instara al usuario a consultar este tema antes de contratar un abogado.

En este tema no puedo concordar con uno de los mejores procesalistas de la historia colombiana, creo que incluso la misma jurisprudencia ha obligado a esto, por ejemplo, al manifestar que no constituye nulidad que un abogado suspendido y con la decisión en firme ejerza su labor o incluso que personas sin título ejerzan y esto no genere una nulidad de ningún tipo, semejantes adefesios hacen necesario este tipo de controles.

Lo que sí es absurdo es que algunos jueces aún no requieran la verificación de la vigencia de la tarjeta para fiscales y procuradores. Esto viola claramente la igualdad de armas. La verificación es o debe ser para todos en el proceso, no solo para algunos.

El otro argumento del profesor Bejarano Guzmán es que no se imagina a los médicos instando a pacientes a verificar el título del profesional de la salud, pero en este punto tampoco coincidimos, por el contrario, cada vez más y debido a malas praxis de médicos falsos, las asociaciones médicas instan públicamente a los pacientes a verificar el título del profesional, en especial, en la cirugía plástica. Cuántos casos médicos, con consecuencias en la salud de muchas personas pudieron evitarse solo con esa verificación, hasta salvar vidas.

No hay que olvidar el caso del director de psiquiatría de Medicina Legal que dio visto bueno a muchos dictámenes y resultó que no era psiquiatra, lo peor es que ¡nada pasó! En cualquier latitud del mundo todo dictamen que hubiera pasado por esas manos estaría viciado, sería reinvestigado, y si su evaluación fue la base de la condena la misma debería ser revisada o anulada, pero aquí, en Colombia, país del Sagrado Corazón, se dejó pasar sin ningún tipo de repercusión. ¿Cómo se espera una justicia “justa” (valga la redundancia) con casos como este?

Colombia requiere que a las cosas le demos la trascendencia que merecen, yo no conozco en otro país que validen actuaciones de no abogados o abogados sancionados, eso solo pasa aquí. Además, la exigencia debe ser para todos, si queremos contar con una justicia de calidad pues la igualdad de armas debe darse desde la base, son los pequeños detalles, como permitir la entrada de computadores o celulares a los juzgados solo para algunos (fiscales, pero no abogados defensores) o este tipo de verificación de la tarjeta profesional, la que hacen que la balanza se incline a uno de los lados.

Por eso, apoyo la verificación de las tarjetas profesionales de los implicados en un proceso, pero que sean validados abogados, fiscales, procuradores y hasta médicos forenses o psiquiatras, todo aquel que esté involucrado, es decir que verificación sí, pero no como se está llevando a cabo hoy en día.