La historia que se repite día tras día en muchos escenarios judiciales y que debemos sufrir varios colegas es la siguiente: un sector de la justicia se mueve por lo que una opinión desconocedora del caso concreto o del sistema procesal dice, satanizando el vencimiento de términos, la labor de la defensa y los aplazamientos como derechos procesales y constitucionales a los qué se puede acceder por múltiples razones.

Gracias a esa presión entonces se nos compulsan copias, en la mayoría de las veces injustas, creando una zozobra en el ejercicio de la profesión, dejando claro que el derecho penal sigue siendo y que va en aumento como una profesión peligrosa.

Pasa que funcionarios judiciales se demoran una o dos horas para iniciar una audiencia y ni siquiera se les puede preguntar por qué o retirarse de la misma, mientras que un litigante por no presentarse a los 20 minutos o media hora se le compulsan copias.

También en ese sistema procesal, donde la igualdad de armas jamás ha sido una realidad y la defensa de entrada ya entra en inferioridad de condiciones, ahora resulta que las falencias en el descubrimiento probatorio completo de la fiscalía son culpa de la defensa y pueden ser utilizados para impedir la libertad de una persona, eso no pasa sino en nuestro país.

Resulta que la fiscalía descubre 14-15 teras de información y la defensa tiene que estudiarlas, analizarlas y proponer su prueba de defensa en tiempo récord, violando el tiempo razonable para preparar una defensa justa y enmarcada en el debido proceso, ahora resulta que demorarse el tiempo necesario solamente en estudiar esa gran cantidad de información es motivo de dilación y de compulsa de copias para el abogado litigante.

Lo preocupante no es que haya servidores públicos que piensen que con esas coacciones van a mermar el derecho de defensa, porque reitero los abogados penalistas estamos hechos de un cuero diferente, más resistentes a cualquier ataque, crítica o coacción que provenga de donde provenga, lo realmente peligroso es que mientras no seamos nosotros mismos los que juzguemos cuál es nuestro papel y en donde está el límite entre lo correcto y lo incorrecto, un sector de la rama judicial va a seguir ejerciendo el control disciplinario sobre nosotros de manera equivocada, como sucedió con muchos colegas injustamente sancionados.

En el Consejo de la Judicatura y en el recién creado Consejo Disciplinario el poder judicial debe seguir cumpliendo su labor de disciplinar a los fiscales, pero también podría cumplir no sólo funciones disciplinarias sino penales para que no sea la fiscalía, que es una parte en este proceso, la que tenga que investigar y acusar a quien va a controlar su actuación dentro del proceso penal, generando una brecha insalvable de presión directa o indirecta sobre los jueces al momento de decidir una petición de la fiscalía o de la defensa.

El Consejo ha realizado una labor importante hasta ahora, en la mayoría de las veces ha acertado en el análisis que hace, pero sólo hasta que creemos el Colegio de Abogados del país y seamos nosotros los que nos juzguemos, como sucede en Estados Unidos o en España, estamos destinados a caminar en la cuerda floja y hacer sancionados sin el conocimiento necesario.

No me cansaré de dar la pelea por todos nuestros colegas, no se les olvide que esto es una profesión peligro, pero si estamos unidos no nos van a joder jamás.