El desplazamiento forzado interno debido a factores ambientales es una realidad dolorosa que está aumentando a un ritmo alarmante, exigiendo una respuesta rápida y decisiva. Los datos recientes son desgarradores: en 2022, 32,6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares dentro de sus propios países debido a desastres, y un abrumador 98% de estos desplazamientos estuvieron relacionados con eventos climáticos extremos. Las investigaciones sugieren que para 2050, más de 216 millones de personas podrían verse desplazadas debido a catástrofes climáticas.

Este fenómeno ya está afectando al Caribe colombiano, donde se espera un aumento en la migración climática y una mayor vulnerabilidad en los asentamientos informales suburbanos. Es esencial reconocer el papel crucial del financiamiento climático en este contexto. Un estudio reciente publicado en Nature Climate Change destaca que los actuales umbrales meteorológicos no captan completamente los impactos negativos que enfrentan las comunidades en asentamientos informales. Estos asentamientos son efectivamente más calurosos que las áreas circundantes, y los residentes que viven en viviendas de lata o cartón y carecen de electricidad y aire acondicionado confiables pueden enfrentar una mayor vulnerabilidad al calor. Por lo tanto, es imperativo implementar medidas de adaptación al calor y la termorregulación interior, especialmente para grupos vulnerables como mujeres embarazadas.

En este contexto, la reciente sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia marca un hito al reconocer los derechos fundamentales de las personas desplazadas por factores ambientales, instando al Estado colombiano a abordar de manera integral este fenómeno en aumento. Esto subraya la necesidad urgente de invertir en adaptación y resiliencia climática en las comunidades vulnerables, incluidas aquellas desplazadas por factores ambientales. Es esencial que el financiamiento climático priorice la asignación de recursos para abordar la pérdida y el daño causados por el cambio climático. El informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático estima que las necesidades de financiamiento para pérdidas y daños podrían alcanzar entre 200.000 y 400.000 millones de dólares anuales para 2030. Sin embargo, estos cálculos podrían ser una subestimación, ya que no incluyen completamente las pérdidas no económicas, como el impacto en la salud y la cultura.

Por lo tanto, es crucial que el marco normativo y las políticas públicas que surjan a raíz de la migración climática incorporen mecanismos de financiamiento adecuados, con un enfoque en la provisión de recursos no reembolsables. Además, será fundamental fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso del financiamiento climático, involucrando activamente a las comunidades afectadas en la toma de decisiones y la implementación de soluciones.

El desplazamiento forzado por el clima no es solo una crisis humanitaria, sino también un desafío para la justicia climática. Aquellos que menos han contribuido al cambio climático son los que más sufren sus devastadoras consecuencias. Es imperativo que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y actúe con urgencia para abordar esta crisis, respetando los principios de equidad, derechos humanos y responsabilidades comunes pero diferenciadas. La migración climática ya está generando realidades, los estados y la ciencia le están prestando cada vez más atención, como lo demuestra la sentencia de la corte. El financiamiento climático es una herramienta clave para hacer frente a este desafío, siempre y cuando se enfoque en la justicia, la equidad y la recuperación de los medios de vida de las comunidades más vulnerables. Cada vez se hace más claro que nos espera un futuro donde la adaptación al cambio climático será un eje central en todo lo que la sociedad contemple, un componente fundamental en cómo pensamos y nos relacionamos entre nosotros.