Si usted se aventuró a leer esta columna por su título, debo empezar por advertirle que nada tiene que ver con el trillado tema del narcotráfico y mucho menos con la famosa agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
DEA en este texto será el acrónimo con el que me referiré a los desfibriladores externos automáticos, equipos biomédicos que gracias al decreto 1465 de 2019 que reglamenta su uso, podrán ayudar a salvar algunas de las 30.000 vidas que cada año terminan en nuestro país como consecuencia de infartos y paros cardíacos, muchos de los cuales se presentan por fuera de las instituciones de salud. Estos equipos, como su nombre lo indica, guían de manera autónoma su uso seguro y eficiente ante situaciones de emergencia que demanden su aplicación.
Una parada cardíaca súbita es un evento potencialmente mortal usualmente secundario a un ritmo cardíaco anormal ( fibrilación ventricular ). El corazón deja de latir y la circulación de la sangre se detiene. Por cada minuto de tiempo que esta situación persista, la posibilidad de recuperarse disminuye en un 10%, lo que significa que si no se interviene de manera verdaderamente urgente, las probabilidades de supervivencia se agotan muy rápidamente. En Europa, antes de que los DEA se ubicaran obligatoriamente en sitios públicos, solo el 10% de las 400.000 personas que por año sufrían una parada cardíaca súbita por fuera de un hospital sobrevivían.
Por improbable que parezca y aterrador que suene, cualquiera de nosotros, deportistas o sedentarios, jóvenes o viejos, puede presenciar o peor aún, presentar un trastorno severo del ritmo cardíaco, de los que potencialmente desencadenan un paro cardíaco. Los gigantes tecnológicos conscientes de lo frecuente y catastrófico de estas situaciones han logrado que muchos de sus relojes y manillas electrónicas de última generación detecten alteraciones en la frecuencia y en el ritmo del corazón. Estos artilugios de manera casi constante registran datos biológicos del usuario y cuando identifican alguna anormalidad en ellos, emiten alarmas que deben ser atendidas de manera urgente por personal especializado.
Ahora bien, los DEA son solo una pieza fundamental de la respuesta ante estas dramáticas situaciones, la cual también debe incluir el inicio inmediato de reanimación básica y la notificación a los servicios de atención de urgencias medicalizadas. La experiencia en otros países ha mostrado que el gran reto para lograr el mayor impacto posible con la instalación obligatoria de los DEA se consigue informando a la comunidad dónde se encuentran los más cercanos y logrando que muchas personas con profesiones u oficios diferentes al área de la salud, se interesen en formarse para usarlos e iniciar una reanimación cuando sea necesario.
Nuestro país llega con retraso en el contexto mundial a la obligatoriedad de contar con DEA en espacios con alta afluencia de público. La ley se firmó en mayo de 2017 y solo hasta esta semana se emitió el decreto reglamentario. Esperamos ahora que los tiempos y las indicaciones para la implementación de las medidas se cumplan, pues es bien sabido que desde la Colonia en este lado del planeta, muchas leyes se acatan pero no se cumplen.
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