Según el último boletín epidemiológico disponible del Instituto Nacional de Salud, hasta la semana epidemiológica 36 de 2023, los casos de fiebre dengue a nivel nacional están por encima de lo esperado al compararlos con su comportamiento histórico. Además, en el período de las tres últimas semanas, los casos muestran una tendencia al aumento.
En la misma fuente se puede evidenciar que, en el país, este año se han confirmado 49 muertes por la enfermedad y que casi 200 más están en estudio, pues se sospecha que el dengue pudo haber sido la causa del deceso.
En el panorama de las enfermedades transmitidas por vectores, la fiebre dengue continúa siendo un desafío global para la salud pública que no puede ni debe ser ignorado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen alrededor de 390 millones de infecciones por este virus en todo el mundo.
El aumento de la temperatura en varias zonas del planeta ha permitido al mosquito transmisor de la enfermedad colonizar nuevos territorios, lo que ha traído como consecuencia la aparición de la patología en nuevas regiones. Lo anterior se ve reflejado en que hoy el dengue es una enfermedad endémica en más de 100 países.
Abordar desde la política pública el problema del dengue exige la articulación de varios sectores, uno de ellos es el de la atención en salud. La presencia problemática de la enfermedad es un reflejo impactante de las desigualdades económicas y sociales en muchas regiones del mundo. El dengue y la pobreza están íntimamente relacionados. Comprender esto es fundamental para poder aproximarse a su atención de manera integral desde la salud pública con una clara visión enmarcada en la justicia social.
Desafortunadamente, aún en el país, con la aparición de casos graves y fatales durante los cíclicos picos epidémicos, las secretarías de salud municipales y departamentales continúan con la mediática acción de señalar rápidamente responsables solo en la prestación de los servicios de salud intrahospitalarios, guardando conveniente silencio frente a la gran responsabilidad desatendida por ellas de hacer inspección, vigilancia y control de las actividades de salud pública orientadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, incluyendo su papel en hacer evidente el impacto de los determinantes sociales en su territorio.
Una comunidad sin agua potable permanente, sin alcantarillado, sin empoderamiento comunitario, es inaceptablemente vulnerable a muchas amenazas en salud. Aprovechando la proximidad de un nuevo debate electoral, es deseable poder escuchar propuestas de los candidatos para solucionar estos viejos y recurrentes problemas sociales.
Aceptar que la buena gestión en salud va más allá de la construcción de instituciones hospitalarias de alta complejidad y de la atención en sitios altamente especializados es el primer paso para disfrutar de un entorno más saludable y con mayor equidad.
@hmbaquero
