El principio básico del desarrollo de infraestructura mediante el modelo de concesiones es que el que la use, la pague. En el caso de las carreteras ese pago se hace con los peajes, lo que es justo, equitativo y efectivo como lo evidencia el avance que ha generado en la modernización vial del país. 

Sin peajes lo ya hecho se deteriorará porque el Estado no tiene cómo financiar el mantenimiento de esa infraestructura ni la construcción de otras. Si pudiera hacerlo sería usando recursos provenientes de impuestos lo que implica generalizar el pago de las carreteras entre todos los colombianos, aunque nunca utilicemos la mayor parte de ellas. Esa inequidad se acentúa cuando ello lo obliga a recortar presupuestos en educación, salud, vivienda, seguridad o justicia, inversiones sociales priorizadas por la Constitución Nacional.

Los concesionarios consiguen la financiación de las obras y recuperan su inversión a largo plazo principalmente con los peajes. Y deben construirlas con las especificaciones establecidas y en los tiempos indicados porque de ello depende el repago de sus financiadores, quienes son los principales veedores de la ejecución de los proyectos. 

Al fijar el valor de los peajes hay otro elemento de equidad porque lo que paga un vehículo depende del costo de operación y mantenimiento que genera al usar la vía. Por ello una tractomula paga una tarifa más alta que los automotores livianos. 

Fijar una tarifa única de peajes para todas las carreteras no es posible porque sus costos de construcción, operación y mantenimiento, y la estructuración financiera de cada proyecto, dependen de sus características específicas, dadas por las geografías y topografías tan diversas que tenemos en el país. Esas mismas consideraciones tampoco permiten determinar una distancia generalizada para la instalación de las casetas de cobro.

Además, los concesionarios de vías 4G tienen un límite en su rentabilidad porque sus contratos finalizan en el momento en que recauden la totalidad de las tasas de peajes por el valor acordado. O porque se les restringen sus ingresos si no se ha cumplido el tiempo mínimo fijado.

Pretender desvirtuar entonces la inconmensurable ventaja de las concesiones para la modernización vial del país financiada con recursos privados no tiene sentido. Insistir en desmontar los peajes o en congelar sus tarifas puede lesionar gravemente este modelo de financiación que ha sido exitoso en otros países y en Colombia, donde ha sido fundamental para la atracción de inversión extranjera. 

Otras fuentes de financiación como las que plantea el gobierno pueden contribuir a fortalecer el espíritu de equidad del modelo de concesiones e impulsar iniciativas futuras. Pero no tienen el alcance suficiente para generar la totalidad de los recursos que demanda la construcción de las carreteras que requiere el país. Contemplemos esas posibilidades, pero sin minar la invaluable confianza que exige toda relación entre los sectores público y privado.

No expongamos a Colombia a echar reversa en un factor vital de nuestra competitividad. Y exijámosles a las autoridades locales utilizar los recursos que la ley les da para frenar las agresiones de que son víctimas los empleados de las concesiones y el vandalismo contra sus vehículos, equipos e infraestructura, y para judicializar a los responsables. Esas acciones al igual que los paros y bloqueos tienen costos que finalmente todos tendremos que pagar.  

Director ejecutivo CCI Norte