
Impuestos, mentiras y guerra
Un buen gobierno orienta su gestión a cumplir su función de mediador institucional entre el Estado y la gente, para resolver los problemas de la sociedad, canalizar los conflictos y atender las demandas sociales, evitando regresiones autoritarias y el establecimiento de poderes fácticos.
Se define por la manera justa de disponer las cosas para que sean aceptadas. Actúa de tal forma que la mayor cantidad de riqueza sea producida y entregada a las personas como medios de subsistencia, incluso en abundancia. En este sentido, el proyecto gubernamental de reforma tributaria, en plena pandemia, es abusivo, desmedido y refleja un gobierno indolente, con veleidades autoritarias, sin ninguna sensibilidad social y democrática, que coloca más tributos a los menos ricos, que al igual que los sectores pobres, se han empobrecido mucho más.
Para que esta reforma se apruebe, se miente hasta la saciedad y se prometen cosas imposibles de cumplir. Se dice que una parte significativa de los recursos que se recogerán es para restituir lo que el Estado utilizó para la emergencia sanitaria, cuando todos sabemos que el porcentaje más alto de las ayudas terminó en el bolsillo del sistema financiero, en medio del hambre, penurias e incertidumbre de dos tercios de la población. Sistema financiero que, con los dineros públicos en sus arcas, no ayudó a salvar las 600.000 empresas que se liquidaron en los primeros 10 meses de pandemia. Nos van a hacer pagar impuestos, que no pagan los más afortunados, para recuperar plata dilapidada, que no evitó la pérdida de millones de empleos.
Desde la Constitución de 1991 se promete gratuidad de la educación universitaria para los estratos uno, dos y tres. No se facilitará el ingreso a la universidad con más impuestos al 60% de la población, que escasamente tiene para dos comidas diarias. A algunos les prometen devolver el IVA, entonces, ¿para qué lo cobran? Por otra parte, se argumenta que quienes trabajan bajo la figura de prestación de servicios “no quieren ser empleados para no pagar impuestos” y, por eso, se pretende cobrarles más tributos para forzarlos a que se “vuelvan” empleados. Las mismas instituciones públicas vinculan numerosas personas en modalidad de contratista, evadiendo el pago de prestaciones sociales que son suplidas por los contratistas. También se promete retirar el impuesto a productos alimenticios que hoy no lo tienen. Verdaderas manipulaciones. Y como una desgracia no llega sola, de lo que en realidad igualmente se trata es de disponer de recursos para comprar aviones de guerra y armamento militar. Estos no son tiempos para el despilfarro y tampoco estamos en guerra. El conflicto interno y el crimen organizado se combaten con inteligencia, no con aviones de combate.
La solución de la crisis económica del momento no se logra con impuestos. Si alguien debe pagar más tributos son los más pudientes. Los ciudadanos deberíamos tener el derecho a negarnos a pagar impuestos desmedidos que no pagan los más adinerados.
PD. ¿Con qué autoridad moral el Ministro Carrasquilla promueve esta reforma tributaria cuando debe explicar el negocio del “bono del agua” en más 100 municipios de Colombia?
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