Para el presidente “honorabilidad” resume al expresidente Uribe; y decir que es honorable, hace honorable a quien lo dice. Para Duque, ser presidente es condición suficiente para colocarse por encima de los demás, como monarcas absolutistas de cuyos gobiernos solo se puede esperar El Bien. Los dos primeros años de su mandato han sido de ausencias y abusos del poder. Cuando un gobierno dice que es el mejor, no lo es; y entonces es fácil irrespetar, torpedear y deslegitimar la justicia.

Se propina un seudo golpe a las instituciones cuando el presidente con los ministros de Defensa, Hacienda, Cancillería y el embajador ante los Estados Unidos, desafían y cuestionan abierta y reiteradamente las decisiones judiciales, a raíz de la restricción de la libertad al expresidente Uribe. El argumento presidencial del derecho a expresar sus opiniones es una falacia, refleja incomprensión de su responsabilidad y habla mal de quien tiene un país a cargo. Poco nos deberían importar sus opiniones y posturas dogmáticas, salvo si ellas comprometen sus obligaciones. Hay cultura e institucionalidad democrática cuando quienes deberían ser ejemplo, reconocen las decisiones públicas, tomadas legal y legítimamente. Si las desconocen y las ponen en tela de juicio minan la efectividad institucional y atentan abiertamente contra la democracia. Duque supone que los presidentes al ser elegidos son imbuidos por siempre de “honorabilidad”, así comentan los peores delitos.

Hay un déficit de gobernabilidad por falta de estabilidad, funcionalidad y consenso. El gobierno es difuso, confuso y divide; no unifica. La ideologización y el exceso de tecnicismo de su equipo “apolítico” hace costosa la política. Duque no logra comprender la complejidad de la política y cree que es lineal, cuando nada lo es. Todo lo clasifica en bien y mal, bueno y malo, y amigos y enemigos. Ha ocasionado una ruptura con el poder legislativo y ahora, por cuenta del proceso judicial a Uribe (del cual es “creyente”, minando la majestuosidad presidencial), agrega otra ruptura con el poder de justicia, al desconocer y descalificar sus decisiones por no convenir a sus amigos. El gobierno tiene limitaciones políticas y personales; y requiere convicciones reformistas, mayorías en el Congreso y capacidad para construir acuerdos nacionales. Solo responde a su partido, que cada vez se le aleja más. No identifica ni reconoce la catastrófica situación social de decenas de millones de colombianos. Y atina a proponer cambios en la justicia solo porque a veces no favorece a privilegiados, argumentando que todo expresidente por principio es digno y a quien siempre hay que creerle, dado que ha alcanzado una estatura que lo hace inmune e intocable. Se diría que teme por su futuro en el cual, hipotéticamente, respondería por la gestión de la actual crisis que agravará el ya desastroso sistema de salud, endeudamiento, desempleo, informalidad, concentración de la riqueza, hambre y miseria.