La Ley de Regiones 1962/19 creó la Misión de Descentralización, un espacio de reflexión y análisis cuya tarea principal es la reorganización y racionalización del Estado y las finanzas públicas del país, especialmente del gobierno central que es exageradamente grande y macrocefálico. Solo así aparecerá el necesario nivel gubernamental regional.

Quiénes estudian la organización del Estado conocen  la  abundante  creación de instituciones centralistas, un Gobierno Central inmenso,  burocratizado, que impide el desarrollo de las regiones a las que, por el contrario, se les ha minimizado poniéndoles obstáculos y talanqueras. El proceso es cada vez más “recentralizador”.

La Misión de Descentralización debe ser un espacio creativo y analítico, con una fuerza novedosa para construir el futuro Estado de Colombia.

Lo que no puede ser la Misión de Descentralización es un espacio dominado por el propio centralismo para imponer más centralismo e impedir que se cumpla  la función de equilibrar el desarrollo del país de manera más equitativa y sin concentración.
Las tareas más importantes de la Misión de Descentralización son: estudiar las competencias y  recursos de los tres niveles de gobierno existentes que privilegian y recargan en la Nación los recursos y competencias y hacen muy diminutas las posibilidades de desarrollo en los niveles locales. Hay que redistribuir competencias y recursos, y lo más importante, disminuir el costo del funcionamiento e inversiones del Estado central. Se permitirá así financiar el Estado Regional.

El diseño territorial regional pactado en la Constituyente fue entregarles instituciones y recursos. Pero ese diseño se incumple. Por eso, una tarea fundamental es devolver al Sistema General de Participación (SGP) el 46 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), tal  como lo diseñó y  aprobó la Constituyente. Lograr el éxito de las regiones es imposible, pues seis gobiernos consecutivos les quitaron esos recursos, dejándolos en el 28 %.

Por eso, tendrán que desaparecer y disminuir el tamaño de  ministerios e institutos centralistas totalmente inoperantes y que no impactan ni producen ningún desarrollo  en los niveles territoriales. Del estudio de esa arquitectura estatal debe resultar claramente la necesidad de fortalecer y modernizar la administración pública en los territorios con autonomía regional. La Misión debe fortalecer la participación ciudadana y darle especial énfasis a los territorios indígenas.

Es un contrasentido que la Misión de Descentralización sea manejada por el centralismo para perpetuar el mismo esquema y simplemente dar un maquillaje sin permitir un real desarrollo de las regiones. Nunca el centralismo va a aceptar que el principal obstáculo para el perfeccionamiento es su propio tamaño desmesurado, con talanqueras al desarrollo territorial regional. Es el principal obstáculo a vencer.

Los gobiernos locales no pueden crecer, no se pueden endeudar, no se le asignan mayores ingresos, se les asignan los ingresos más raquíticos y están condenados a depender cada vez más del Estado central. Sin recursos no podrán hacer nada.

Debe haber más control del gobierno central pero no condenar a los territorios a la inactividad y a la dependencia mental. Debemos orientar nuestro destino como nuestro aporte a futuras generaciones. Nuestra tarea es construir la  vida desde las regiones con nuestras capacidades, aspiraciones, a pesar de nuestras limitaciones. Nadie la podrá hacer por nosotros. 

Este es el sentido del “Voto Caribe” del año 2010, formar las regiones como entidades territoriales.