El Heraldo
Opinión

¡Atónitos!

Colombia es un país de regiones y así lo reconoció, por fin, la Asamblea Nacional Constituyente, al consagrar en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 la posibilidad de constituirse en regiones administrativas y de planificación, y en regiones como entidad territorial, respectivamente. Con fundamento en ello se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente, la de la Región Caribe, hace exactamente un año. 

Después de dar este paso, se percataron de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454 de 2011, había emasculado a las RAP al establecer en su artículo 32 que por cuenta de la misma “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”. Es decir, se condenó a las RAP a morir por inanición, por esta absurda e inexplicable medida.

En vista de ello, se promovió el trámite a través del Congreso de la República del Proyecto de Ley 182 de 2017 –Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP”–, el cual tiene como primera prioridad la derogatoria de ese artículo, que se convirtió en el freno para el avance y para la consolidación de las RAP. 

Los gobernadores del país se ilusionaron con este proyecto, máxime después del espaldarazo que le dio el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien manifestó su “voluntad y apoyo” a dicho proyecto en la Cumbre de Gobernadores efectuada en Mompox  el pasado 7 de septiembre. Allí fue claro y enfático el Presidente al afirmar que “la Ley de Regiones permite un avance hacia un sistema donde haya mayor autonomía en el manejo de recursos”.

Por ello, la sorpresa fue mayor cuando después de celebrar el anuncio del Presidente se enteraron que el Ministerio de Hacienda había enviado a la Cámara de Representantes un Oficio solicitando “revisar la conveniencia de tramitar este proyecto por los impactos fiscales que puede generar, por lo que este Ministerio emite concepto negativo ante esa corporación”. Es decir, palabras más palabras menos, lo que pide el Ministerio es el archivo del proyecto y apelación a los infiernos. 

Los gobernadores siguen sin reponerse de su perplejidad y asombro, están atónitos y cunde el desconcierto por este bandazo del Gobierno, al pasar sin vísperas del apoyo presidencial al proyecto al veto por parte del Ministerio de Hacienda. En dicho Oficio se traen por los cabellos unos argumentos sin fundamento alguno para justificarlo. 

Como lo afirma EL HERALDO, solo “se trata de excusas y más excusas para dilatar un debate que ya se ha aplazado más de la cuenta: el de la descentralización efectiva de un país donde los laberintos burocráticos de Bogotá ejercen un poder aplastante”. Bien dice el adagio popular, que desde que se hicieron las disculpas el gato ya no come queso, ¡ahora lo cuida!

www.amylkaracosta.net

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