El afán del gobierno nacional por acelerar la transición energética, lo está llevando a transformar su narrativa ideologizada en acciones inconvenientes para el país, como las planteadas en la propuesta de reforma tributaria, que buscan afectar la viabilidad y la competitividad del sector de minero energético en Colombia y persiguen materializar su “decrecimiento”, a pesar de la alta demanda global actual de carbón. Para los líderes mundiales es axiomático que sólo con crecimiento y desarrollo se puede aliviar la creciente hambruna existente.

El contexto global y las conclusiones de expertos en prospectiva energética nos indican que la demanda de carbón térmico, como fuente de energía, se mantendrá por algunas décadas adicionales, mientras se crean las condiciones necesarias para una deseable transición gradual que contribuya en forma efectiva a la mitigación del cambio climático y, simultáneamente, garantice la seguridad energética. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué y para qué ese afán de actuar aisladamente por parte de un país que solo contribuye con el 0,6% de las emisiones totales de GEI, en un contexto que requiere acciones colectivas simultaneas globales?  Se puede vaticinar que ese sería un esfuerzo inútil.

Luego de varias semanas de discusiones sobre la propuesta de reforma tributaria del gobierno, con la que pretende recaudar más de $22 billones de pesos anuales, aunque se han concertado algunos ajustes, la ponencia con la que al parecer se iniciarán las discusiones en el Congreso de la República esta semana -y que se quiere aprobar a pupitrazo y sin mayor debate- aún mantiene incrementos tributarios excesivos que afectarán seriamente al sector de la minería del carbón. Pareciera no importarle al gobierno que el sector minero ya es uno de los sectores más gravados del país.

Hasta hace pocos días, el Ministerio de Haciendo anunciaba que la propuesta de reforma tributaria incluía una sobretasa al impuesto de renta de 5% a las empresas del sector minero energético, y un impuesto de 20% a los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo y carbón. Según se conoció ayer, el ministro Ocampo finalmente ha aceptado que esa nueva carga impositiva a esas exportaciones seria claramente violatoria de los tratados de libre comercio vigentes en el país y ha anunciado que ya no se incluirá ese impuesto; sin embargo, a las empresas del sector se les pondrá una sobretasa de renta equivalente a 10% el primer año, al 7,5% el segundo y 5% el tercero.

Es necesarísimo que todos los guajiros, nativos y adoptivos, incluyendo los congresistas que tienen la responsabilidad de debatir la aprobación de la reforma tributaria, reflexionemos responsablemente sobre el futuro de La Guajira, si Cerrejón se vuelve inviable sin un manejo del cambio apropiado. Por ejemplo, como reemplazaríamos los beneficios que genera esta importante empresa, que se resumen en los siguientes hechos y datos, solo del año 2021: Mas de 11.000 empleos de calidad, entre directos y contratistas -sin incluir los encadenamientos productivos-; inversiones sociales por más de 20.000 millones de pesos; pago de regalías por 383.000 millones de pesos y 1,38 billones de pesos generados por el impuesto sobre la renta; y más de 39.000 millones de pesos pagados en impuestos locales y regionales. Estas cifras serán mayores en el 2022 por el precio del carbón y nuevos proyectos sociales realizándose.

Estas son evidencias poderosas de los importantes beneficios que genera el sector de la minería legal y responsable para las regiones y el país. Por eso mismo, más que afectar e intentar decrecer este sector, se deben implementar estrategias gubernamentales para fortalecerlo, especialmente en casos como Cerrejón que contribuye, como parte del sector de minas y canteras, con el 46% del PIB de La Guajira.