Lograr la pensión es un derecho y una aspiración legítima, que representa la culminación exitosa de una etapa en la vida laboral de todo trabajador, ya sea desempeñándose como empleado o como generador de ingresos independiente. Es la forma de asegurar la etapa de una vejez digna, que le permite garantizar el cubrimiento apropiado de sus necesidades, atender un evento inesperado o una perturbación funcional y proteger los familiares dependientes.

Este es un tema de alta sensibilidad que ha estado en el corazón de la sociedad colombiana, no solo de la gran mayoría de trabajadores, de emprendedores y de contratistas de los diferentes sectores laborales que realizan la producción de bienes y servicios, sino también de los líderes empresariales y gremiales que, en equipo con ellos, hacen posible el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Y por supuesto de los políticos y sucesivos gobiernos que no han tenido la voluntad política ni el apoyo nacional necesario para realizar las reformas, técnica y financieramente bien estructuradas, que aseguren un sistema de pensiones sostenible y más equitativo. 

Durante muchos años se ha reiterado por parte de los expertos, algunas veces a través de comisiones especialmente establecidas para tal fin, la perentoria y urgente necesidad de reformar nuestro sistema de pensiones, pero los pocos intentos realizados por los gobiernos de turno se han desvanecido rápidamente ante la férrea oposición de sectores sindicales, gremiales y políticos. No ha habido la necesaria sindéresis y la voluntad de parte de esos sectores para apoyar alguna iniciativa que propenda por la sostenibilidad a largo plazo del sistema, con el consecuente beneficio colectivo, incluyéndolos a ellos, aunque para lograrlo se tengan que hacer algunos insoslayables sacrificios individuales.

Dada su importancia para los colombianos, actualmente el sistema pensional está en el centro del debate de la campaña presidencial, en un entorno influenciado por las emociones, los intereses ideológicos y el deseo de seducir a los electores a cualquier precio, en el que se hacen propuestas que riñen con la racionalidad, con claro perfil populista y poca factibilidad, solo para ganar votos sin importar que al final termine afectando el futuro de esos mismos votantes engañados y frustrados.

Por respeto con los trabajadores, pensionados actuales y potenciales, este es un tema que debería manejarse con mucha responsabilidad social y política, por encima de los intereses partidistas e ideológicos que el candidato de la izquierda plantea en esta campaña política que intenta revestir con el desdén por la experticia de las entidades financieras que gerencian el régimen privado de pensiones.

Una manera efectiva de enfrentar esta obligación constitucional del Estado es hacerlo a través de un acuerdo nacional, con la participación de expertos de todos los sectores, para estudiar con rigurosidad y con criterio técnico, las causas que afectan actualmente al sistema de pensiones y definir las acciones correctivas pertinentes. Las soluciones deben enfocarse hacia los altos niveles de informalidad laboral, los altos costos del régimen público -que al igual que los Fondos Privados también administra los dineros privados de los afiliados-, a definir como ampliar la cobertura del sistema y reducir su inequidad, y corregir el desbalance generado por los menores empleos formales y sus menores aportes, entre otros.

Solo con una economía sólida, en la que se fortalezca la gestión empresarial de la propiedad privada y su capacidad para generar empleo y riqueza, se podrá tener un sistema de pensiones sostenible e incluyente.