El acuerdo para el incremento del salario mínimo oficializado en diciembre de 2022 para el presente año fue relativamente fácil para la comisión tripartita de concertación que lo alcanzó, con la participación de representantes del sector productivo, las centrales obreras y el gobierno nacional. En esos momentos existían condiciones políticas, sociales y económicas que favorecieron un generoso 16% de incremento: una inflación creciente (13.12%), una productividad nacional positiva (1.24%) y un PIB anual creciendo satisfactoriamente (9.4%). Al final ese acuerdo condujo a un aumento real de 2.88%.
La coyuntura actual nos muestra unas condiciones macroeconómicas totalmente diferentes, en un contexto de desaceleración de la economía y una incertidumbre generalizada en el país, con una inflación, que aunque ha venido cediendo sigue alta, una productividad negativa y las tasas de interés altas. Esta situación está dificultando la concertación del incremento del salario mínimo para el año 2024 y nos hace prever que lo más probable es que la decisión final la tome el gobierno nacional mediante decreto.
Es indudable que el incremento del salario mínimo tiene una alta dosis de sensibilidad social y laboral y podría ser considerado “neoliberal” invitar a reflexionar sobre su incremento excesivo, más allá de un porcentaje razonable desde la perspectiva macroeconómica, pues al mismo tiempo podría ser contraproducente para la misma población laboral y los hogares colombianos por sus posibles efectos desfavorables en su capacidad para adquirir bienes y servicios, y en las oportunidades para conseguir empleo.
Tanto los líderes empresariales de los sectores productivos, como el Banco de la República, han sido reiterativos en que el incremento debe ser cauteloso para evitar los posibles efectos negativos en la inflación y en la generación de empleo, especialmente ante la incertidumbre que generan las reformas propuestas por el gobierno nacional y la contracción nunca vista en muchos años de la actividad económica, que nos llevaría a un crecimiento de alrededor del 1% del PIB durante el año 2023, según opinión de varios expertos.
Las centrales obreras han continuado fieles a su táctica tradicional de poner como piso de negociación el incremento realizado el año anterior y por esa razón mantienen su aspiración del 18%, lo que no es coherente con el contexto macroeconómico actual, arriba mencionado.
Por su parte, el gobierno nacional, que intenta por todos los medios mejorar su nivel de aprobación en los sectores populares, podría aprovechar la oportunidad para cumplir sus compromisos políticos con las centrales obreras que lo ayudaron a elegir. Sería una acción política con potenciales efectos adversos para la economía del país.
Lo que esperamos los colombianos es que al final se imponga la sensatez y se defina un incremento que proteja el poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo cree las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las empresas que generan el empleo.
