El Heraldo
Opinión

La reforma a la Procuraduría

El país está cansado de la corrupción en donde los ciudadanos elegidos por sufragio son un número considerable como lo denuncian los archivos.

En nuestro intento por seguir destacando los logros y triunfos de costeños en la vida social, tanto en el campo privado como en el público, para intentar detener esa peculiar costumbre  de dedicarnos solamente a criticar, hoy nos produce una gran satisfacción traer a esta columna el magnífico desempeño que viene realizando en la Procuraduría General de la Nación la doctora Margarita Cabello, hija de esta tierra que ella enorgullece con una trayectoria profesional que se cimienta en la responsabilidad, el equilibrio, la inteligencia, la mesura, el dinamismo y su incalculable deseo por contribuir a la renovación de nuestra adolorida patria.

La doctora Cabello ha presentado un proyecto de ley al Congreso en donde, para identificarse con los convenios firmados por Colombia con los organismos internacionales de justicia, propone que se le otorgue a la Procuraduría reconocimiento legal de jurisdicción para vigilar, investigar y sancionar a los colombianos que no sean nombrados y escogidos por decretos o resoluciones, sino elegidos por voto popular o sufragio. Por decisiones constitucionales, desde hace años el país ha presenciado, se ha implementado, un traslado de competencias del poder ejecutivo y el legislativo al judicial.

El país está cansado de la corrupción generalizada en donde los ciudadanos elegidos por sufragio son un número considerable como lo denuncian los archivos de expedientes. Se habla de más de quince mil casos que con el actual sistema dormirán el sueño de los justos, pero la procuradora, valiente, ha propuesto que esto debe cambiar y que todo servidor público de las tres ramas del poder público puede ser investigado por la Procuraduría General de la Nación. Es decir, cambiarle a esta respetable entidad su único carácter de control disciplinario sin decretar culpabilidad y sanciones y convertirla en el auténtico vigilante de la moral  pública con competencia y atribuciones que la misma Corte Constitucional debe implementar y establecer.

Desde luego que no es fácil la tarea de la doctora Cabello, porque entre otras cosas se enfrenta a quienes se esconden de los controles para continuar con su corruptela imparable. La misma rama judicial ha pasado por experiencias dolorosas; el cartel de la toga, como se le llama, es una prueba que avergüenza al país porque es inadmisible que las altas jerarquías sufran en nombres propios los veredictos de culpabilidad de algunos de sus magistrados. Eso duele, esto arrastra una secuela de impunidad en veces o castigos en otras ocasiones para la opinión pública, que piensa, medita y decide sus opiniones.

Hasta el momento los ciudadanos escogidos por voto popular son elegidos por un sistema en donde la libertad de opinión supuestamente tiene un potencial inmenso. Pero la politiquería a la cual estamos  acostumbrados desvirtúa estos conceptos. Y de allí en adelante toda la cadena de corrupción trabaja. La doctora Cabello se ha lanzado a luchar contra este sistema y entronizar a la Procuraduría como un altísimo tribunal dedicado a combatir la delincuencia en sus múltiples formas. El país debe rodearla, apoyarla, animarla, respaldarla. Es una tarea y una reforma gigante. Ojalá la consiga.

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